"El 27,7% de los trabajadores de la Comunidad Autónoma de Canarias está en situación de interinidad. Es decir, tres de cada diez empleados públicos ocupa una plaza de la que no es titular, bien porque está vacante y no ha salido a concurso oposición o porque sustituyen a sus propietarios a jornada completa o parcial.
El primer caso es el del personal estatutario adscrito a la Consejería de Sanidad, de los que hay en la actualidad 9.500 (el 38,7% del total), según datos de la Dirección General de la Función Pública; el segundo corresponde a los docentes no universitarios, el 26,3% de un total de 23.492 en todo el Archipiélago. Unos y otros son los principales afectados del Decreto para regular las listas de empleo que el Gobierno elevó esta misma semana al Consejo Consultivo de Canarias con intención de que pueda ser refrendado en breve.
Su puesta en funcionamiento, según los sindicatos, podría suponer enviar al paro a unas 15.000 personas que acumulan varios años de experiencia. Y es que, por primera vez, las pruebas para interinos se harán atendiendo a los principios constitucionales de "igualdad, mérito y capacidad". Criterios sobre los que hasta ahora primaban los años en plaza, de forma que aunque un recién llegado sacara la nota máxima, sin experiencia quedaba relegado a los últimos puestos de la lista de empleo o no entraba en ella.Los cinco sindicatos más representativos de la Administración regional -CC OO, Intersindical Canaria, UGT, Sepca y Cemsatse- ya han anunciado que retomarán las movilizaciones en protesta por una decisión que consideran injusta.
Mañana mismo están convocadas las primeras concentraciones y el viernes 19 saldrán a la calle en todas las Islas. En el caso de Educación -no afectará a las listas de interinos de médicos forenses, ni personal de Justicia de la Comunidad Autónomo (con 1.082 interinos) que tendrán una regulación específica de sus listas- el decreto pondrá fin al Segundo Protocolo para la Gestión del Profesorado Interino y Sustituto del Sistema Público Canario que funciona desde 2004 y con el que se pretendió "igual que el primero", apunta el José Ramón Barroso, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO "darle estabilidad y continuidad al profesorado interino". Es decir, garantizar que quienes llevaban años como interinos mantuvieran sus puestos, ya que entre 1993 y 2000 (fecha del primer protocolo) no se convocaron oposiciones.
El resultado del sistema que sindicatos y Gobierno refrendaron entonces es una bolsa de trabajo bloqueada hasta 2011, cuando estaba prevista su revisión. Eso supone que 2.500 aspirantes a interinos se queden fuera de la lista, aun cuando superen las pruebas. De hecho, ha sido la demanda interpuesta por la plataforma de Aprobados Sin Plaza, creada en el verano de 2008 por 147 docentes que quedaron fuera de las listas, la que colocó la lupa sobre una situación que, como poco, incumple el Estatuto Básico del Empleado Público amén de tener visos de ser ilegal. "Desde el momento que hay gente que tiene unas oposiciones aprobadas a las que no se les da valor, ni para entrar en la lista ni para mejorar sus posiciones en ella, hay una desigualdad. Para una misma plaza siempre hay alguien que parte de una situación de privilegio", apunta Marcos Caballero, que aprobó para la especialidad de Economía (ESO) y en la actualidad "me busco la vida como puedo".
Sin embargo los sindicatos sostienen, en contra de las tesis del Gobierno, que la capacidad no sólo se demuestra con las calificaciones de un examen. "Los actuales interinos", subraya Barroso, " ya tienen contrastadas sus funciones y ya han sido validadas por la Administración. Con el decreto esa experiencia se tira a la basura y se pone en peligro la calidad del sistema por cuanto cada dos años (las pruebas se convocan un año para Primaria y el siguiente para Secundaria) la lista se modificará con gente con o sin experiencia docente". "
Animo!!!
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