El pleno del Parlamento canario aprobó ayer, con los votos a favor de los cuatro grupos que sostienen al Gobierno (PSOE, NC, Podemos y ASG), la ley de medidas urgentes que trata de ordenar el empleo público en las administraciones canarias para solventar el bloqueo de las oposiciones de 2015, 2016 y 2017 para la Comunidad Autónona. Un millar de plazas fueron anuladas por los tribunales. La iniciativa legislativa incluye también el objetivo de cubrir 52 vacantes actuales de secretarios, tesoreros e interventores de ayuntamientos, ausencias que afectan especialmente a los consistorios de menor tamaño.
De las convocatorias realizadas entre 2015 y 2018, hay afectadas 616 y otras 442 siguieron su curso, si bien el Gobierno eleva la cifra a desbloquear a un millar con las de 2019.
La oposición (CC, PP y Cs), que sí está de acuerdo en que la norma en vigor "está obsoleta", rechazó la decisión de incluir las pruebas de 2019 porque aún no se han desarrollado. Entienden que si no hay nada que desbloquear aún no caben en esta ley.
Fue el diputado socialista Mauricio Aurelio Roque quien defendió las tesis del Ejecutivo en nombre de los grupos del pacto, intervención en la que indicó que, en aras de la eficacia, no tiene sentido aprobar una ley sobre esta cuestión al tiempo que se está convocando unas nuevas oposiciones y sin que se tenga en cuenta esta circunstancia. Por eso, considera que lo lógico era incorporarlas al no haber diferencias, por mucho que esto lo obvie el Consejo Consultivo en su informe con objeciones, para no tener que modificar en un breve plazo la nueva norma.
El consejero de Administraciones Públicas, JulioPérez, claramente afectado por una afonía, recalcó que cumplen con el anuncio de convertir el decreto previo en un proyecto de ley y dijo que esto "permitirá resolver un grave problema de gestión del empleo público", consistente en conciliar "la legítima y muy respetable aspiración de los que ya son empleados, que esperan participar en un concurso de traslado para acceder a otras plazas, y quienes ahora, casi mil personas, superarán una oposición". Pérez recordó que han sido varias las sentencias que han anulado estos procesos y explicó que se han centrado en las recomendaciones que se hacen en esos fallos.
La popular Luz Reverón advirtió no obstante que se mantiene la inseguridad jurídica porque no se aclaran los plazos. Pidió que se resuelva el concurso de los consistorios antes de julio de 2021 y que puedan aspirar los funcionarios de tipo B (de segundo rango) a esos puestos. Socorro Beato (CC) lamentó que la ley no se hiciera con más sosiego y cree una improvisación incorporar la oposición de 2019 sin negociar con los sindicatos, mientras Cs criticó que se evitase el consenso por incluir este proceso.
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