lena Collado (Madrid, 1969) fue la responsable de los recursos humanos de la Comunidad de Madrid durante más de una década. A finales de 2016 fue designada secretaria de Estado de Función Públicapara poner orden en las plantillas públicas, mermadas tras años de ajustes. A los cuatro meses ha conseguido poner de acuerdo a comunidades, Ayuntamientos y sindicatos para firmar un ambicioso plan que reduzca al mínimo la interinidad en el sector público, disparada con la recesión. Se espera que con ese pacto se convoquen algo más de 250.000 plazas de oposiciones en los próximos tres años.
Pregunta. ¿Qué va a pasar con el suelo de los funcionarios el próximo año?
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Respuesta. De momento estamos elaborando el techo de gasto y a partir de ahí veremos la disponibilidad presupuestaria para intentar llegar a un acuerdo con los agentes sociales, para que la subida retributiva sea un poquito mejor que en años anteriores. Lucharemos por un acuerdo a varios años porque eso les da expectativas y estabilidad. De momento, hasta aquí puedo leer.
P. ¿Podrán recuperar parte del poder adquisitivo que han perdido en los últimos años? ¿La subida será superior al IPC?
R. No estamos manejando los términos de IPC. Tratamos que la subida sea un poquito mayor que la de los otros años. El 1% es la antesala de los próximos acuerdos que queremos pactar con las organizaciones sindicales. Es un poco prematuro hablar de cifras ahora mismo.
P. ¿Y habrá mejoras sociales?
R. Hemos propuesto a los sindicatos estudiar todas las ayudas sociales de todos los ministerios y las propias de Muface. Para ver las duplicidades y ver qué colectivos no tienen suficientes para hacer una distribución de créditos. Por otra parte estamos trabajando en el concierto de Muface que tenemos que sacar para el año que viene. Estamos hablando con todas las entidades para que sea más largo en el tiempo y más estable.
P. En los años anteriores ha habido problemas con ese convenio de Muface.
R. Hubo problemas porque algunas compañías dejaron de trabajar con nosotros. Ahora queremos hacer el modelo más sostenible. De hecho, en el proceso de estabilización al final del periodo, unos 100.000 funcionarios se van a incorporar con nosotros en Muface.
P. ¿En qué consiste exactamente el plan de estabilización?
R. El alto grado de interinidad era un problema común de todas las administraciones públicas. En la conferencia de presidentes se acordó ponerle solución. Y lo que hemos acordado con las centrales sindicales y las comunidades autónomas es ver en qué sectores tenemos un número de interinos excesivo, por encima del 20%. A partir de ahí, a través de la oferta de empleo público se irán sacando procesos selectivos para que ese empleo temporal se convierta en empleo fijo. Ya sea de funcionario o de personal laboral. Creemos que tenemos tiempo para conseguir, antes de 2020, tener menos de un 8% de trabajadores interinos.
P. ¿Cuántas plazas se convocarán en total?
R. Entre 250.000 y 300.000 plazas. Además, en la tramitación de los presupuestos se han ampliado los sectores y han entrado los servicios públicos de empleo estatal y autonómico.
P. ¿Cuánto costará para las arcas públicas.?
R. No supondrá ningún coste. Ese es uno de los requisitos que está en la ley de presupuestos. Lo único que hacemos es transformar empleo temporal en empleo fijo. Nada más. Es una medida muy sostenible.
P. Durante la crisis ha habido una reducción del número de funcionarios. ¿Qué plan hay para recuperar el número de efectivos perdidos?
R. La reducción se dio de manera más intensa en los primeros años de la crisis, pero es verdad que la tasa de reposición en 2015 y en 2016 ha ido subiendo bastante y eso ha permitido que recuperáramos un nivel de empleo estable. Estamos hablando de unos 140.000 empleos menos. Pero en el sector autonómico y en las universidades la contratación temporal ha subido un poquito. Por eso creo que pese a estos años tan duros, los servicios públicos españoles no han sufrido. Si algún sector tiene algún problema este ministerio está aquí para solventarlo.
P. ¿Cómo se organizan tantas oposiciones?
R. Es un proceso muy descentralizado ya que las protagonistas son las comunidades autónomas. Pero hay una cosa que nos preocupa, hay pocos opositores. Necesitamos animar a la gente para que concurra a plazas públicas.
P. ¿Por qué hay pocos opositores?
R. Los años de convocatorias más reducidas han supuesto la desmotivación de los opositores sobre todo en cuerpos superiores, que a veces abandonan la oposición. Ahora estamos tentados a irnos por los sitios a publicitar el empleo público del Estado y de las Administraciones Públicas. Necesitamos que vengan muchos y vengan los mejores.
P. Pero el plan de estabilización supone que los interinos que ya trabajan con la administración tendrán más opciones
R. Es una estabilización de puestos y no de personas. Hemos acordado que cada comunidad autónoma valore tanto la experiencia previa en el puesto de trabajo como el mérito. La normativa permite concurso oposición u oposición libre. Hay comunidades autónomas que lo sacarán por oposición, seguramente para los docentes, o por oposición libre. Pero es importante señalar que aquí hay libre concurrencia, publicidad, mérito y capacidad. Es una oportunidad. La oferta de empleo público será muy importante. Hay para todos los sectores, médicos, policías, guardias civiles, biólogos, matemáticos...
P. Los alcaldes piden aumentar las plantillas públicas en hasta 100.000 efectivos.
R. Hablamos con la FEMP y ellos tenían detectado problemas concretos en recaudación y policía local. Lo que hemos hecho, porque no se puede hacer todo en un solo año, es incorporar las peticiones de la FEMP al acuerdo sindical y a la Ley de Presupuestos.
P. Pero no supone un aumento de plantilla
R. Así es, como no lo supone para ninguna administración. Hay que recordar que la reposición en los sectores prioritarios es del 100%, es decir, prevé reponer los efectivos perdidos en el año anterior pero no aumentarlos. Con la tasa de reposición que tienen todas los Ayuntamientos como se pueden acumular entre sectores, donde cada ayuntamiento encuentre que tiene un problema específico puede acumular de otros sectores para resolver sus problemas.
P. Los sindicatos de la Agencia Tributaria también han reclamado más recursos y denuncian la situación crítica de la institución porque han perdido 3.000 efectivos en los últimos años.
R. Hemos hablado con la Agencia Tributaria. Es verdad que ha habido una bajada de plantilla como lo ha habido en todo el Estado. La Agencia, que es una institución referente, ha tenido casi siempre un tratamiento un poco peculiar. En 2014 y 2015 tuvo ofertas extraordinarias de empleo público y ahora estamos analizando con ellos la posibilidad de afrontar los problemas de plantilla de una manera más rápida. Para nosotros es una prioridad.
P. ¿Cuántas plazas piensan convocar para la Agencia? Los trabajadores reclaman al menos 1.000 empleados más.
R. Aún no hay números. Estamos analizando la petición sindical y estamos analizando con la Agencia las necesidades por cuerpos especiales.
P. Una de las críticas más recurrentes de los sindicatos de funcionarios es que no se aplica el Estatuto Básico.
R. Se aprobó en 2007, cumple ahora 10 años. El Estatuto es una gran norma y lo que no ha tenido es un desarrollo en la Administración del Estado. Pero prácticamente todos los derechos de los empleados públicos se han desarrollado. Es cierto que, entre las materias pendientes, se encuentra el estatuto del directivo público y la carrera de desarrollo administrativa que algún día llegará cuando las disponibilidades presupuestarias lo permitan.
P. Hay preocupación entre los trabajadores destinados a ciudades con un coste de la vida muy elevado. Médicos o profesores interinos en Baleares, protestan por esto.
R. Estamos preocupados por ese asunto, que ha surgido a corto plazo. Hemos hablado con los gobiernos afectados, con los delegados del Gobierno y estamos analizando si hubiera alguna posibilidad de hacer algo. Pero ahora mismo solo estamos detectando en el problema. Sobre todo en Baleares es un problema serio.
P. ¿Qué hay de la jornada de 35 horas?
R. No se puede hacer todo a la vez. La jornada de 35 horas tiene un coste muy importante porque supone sustituciones en el ámbito sanitario. Calculamos que el coste está entre 800 millones y 1.200 millones. Creo que las prioridades de los empleados públicos, del Gobierno y de las organizaciones sindicales deberían ser la recuperación retributiva, algunas condiciones laborales y quizá las 35 horas requieran un proceso mayor de maduración.
P. ¿Qué condiciones laborales se tienen que recuperar?
R. Todavía nos quedan cosas en el tintero. Tenemos que hablar del descuento que se hace cuando un funcionario tiene incapacidad temporal. En el tema de los permisos, licencias y cosas así, está todo recuperado. Ahora lo que nos gustaría es que los empleados públicos sintieran esa recuperación.
P. Hay otra polémica por el personal de las embajadas en el exterior que piden que se les compense por la subida del coste de la vida.
R. Lo estamos estudiando. No se puede estudiar este problema con carácter general. Hay países donde a los trabajadores se les aplica la legislación local, en otros se aplica la legislación española. En algunos casos no sufrieron los ajustes de 2012, hay países con alta inflación, otros que no la tienen. La casuística es tan diversa como países, multiplicado por cada uno de las categorías laborales.
P. ¿Tenéis algún plan para fomentar la igualdad en el empleo público?
R. Sí, lo tenemos. Firmamos el segundo plan de igualdad y lo estamos aplicando. Tenemos una filosofía: que no haya ninguna cortapisa al desarrollo profesional y personal de las empleadas públicas. Cualquier cosa que se detecte que tenga que ver con apoyar la conciliación de la vida familiar y personal, lo metemos dentro del plan y hacemos un seguimiento exhaustivo.
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