El vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Educación, José Miguel Pérez, en el Parlamento. / EFE
“Estábamos dispuestos a convocar oposiciones si las reglas del juego seguían siendo las mismas, pero no va a ser así”. Así de claro se manifestó ayer el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, quien anunció que no convocará oposiciones para docentes si la tasa de reposición de profesores jubilados es del 10%.
Pérez, que respondía en la Cámara a una pregunta formulada por su compañera de partido Rita Isabel Gómez, dejó claro que sería “absurdo” citar un tribunal de oposición para 81 plazas, una cantidad ridícula si tenemos en cuenta que en el Archipiélago se jubilaron 801 docentes el año pasado.
“Nos han cambiado las reglas del juego durante la partida”, recalcó el titular canario de Educación, quien, no obstante, denotó que todos los profesores jubilados serán sustituidos y no permitirá que se pierda “ni una sola plaza”. En este sentido, José Miguel Pérez recordó que desde que llegó al Gobierno, una de sus prioridades era darle “estabilidad profesional” a los docentes, que tendrían que ganarse las plazas con su “capacidad” y “méritos”.
“En Canarias el valor de la estabilidad laboral es fundamental para la función docente, que requiere una formación permanente y un compromiso extraordinario”, apuntó Pérez, quien subrayó que “la estabilidad garantiza el mejor funcionamiento de los claustros”. Tras la entrada en el Gobierno del Partido Popular (PP), se ha impuesto una tasa máxima de reposición del 10%, una cifra que queda lejos de las aspiraciones del Ejecutivo autonómico, que pretendía sacar en torno a 400 plazas en la oposición.
El aplazamiento de la oferta de empleo, consideró Pérez, “no tiene sentido desde el punto de vista económico, porque no sólo no se ahorra un duro por no estabilizar la plantilla, sino más bien lo contrario”. “En las Islas, dada la ratio que tenemos entre profesores y alumnos, se jubilen los que se jubilen no podemos dejar de contratar los profesores necesarios”, aseveró el dirigente socialista, que además esgrimió que con el aplazamiento de las oposiciones “bloquearíamos el acceso a la función docente a muchos profesores que tienen muchas expectativas para ello, especialmente la gente joven”. “También incrementaríamos la tasa de interinidad, hasta casi el 4%, cosa que no nos parece ahora adecuado en el ámbito educativo cuando la tendencia es lo contrario”, subrayó el consejero de Educación. En su opinión, no convocar oposiciones supone “aumentar la interinidad, bloquear las listas e incrementar la precariedad del profesorado”, aseguró Pérez, quien reiteró que suspender la oferta pública de empleo es un error”.
Comunidades como Andalucía, País Vasco y Madrid buscarán de forma conjunta un “resquicio legal” para poder sobrepasar ese 10 % de tasa de reposición de profesores que autoriza el Estado. Precisamente, ese límite de tasa de reposición de plazas es al que apela el ministro José Ignacio Wert, apoyado por la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP, para aplazar un año las oposiciones y acumular los puestos a cubrir.
STEC-IC: acceso diferenciado
Desde el sindicato STEC-IC se aplaudió ayer la decisión de Pérez, “si se confirma finalmente”, de no convocar las oposiciones, una tesis que la organización venía defendiendo debido a lo limitado de las plazas y al posible “efecto llamada” que se produciría de docentes de otras comunidades, lo que pondría en “grave riesgo” la estabilidad de interinos y sustitutos. No obstante, Mary Carmen Bolaños, representante del STEC-IC, le pidió al consejero que definiera de una vez la política de su departamento respecto al empleo público docente, y demandó que articulase un acceso diferenciado, con una oferta amplia que “permita conciliar la consolidación de empleo con la incorporación de personas que quieren entrar en la docencia, especialmente los jóvenes”. Bolaños hizo referencia en este contexto al anuncio del Ministerio de Educación de derogar los nuevos temarios vigentes desde enero pasado para el ingreso y adquisición de especialidades de profesorado de educación pública, restableciendo así los anteriores (que datan de 1993 y 1996). Entre otros argumentos, el Ministerio aduce para esta medida la no convocatoria de oposiciones en la mayoría de comunidades.
Por su parte, el otro sindicato mayoritario en el sector en las Islas, Anpe, por boca de su presidente, Pedro Crespo, pidió al Gobierno canario que tenga la misma “valentía” que Andalucía a la hora de convocar oposiciones.
“Nosotros no renunciamos a que haya aún una amplia oferta de empleo y que se modifique la normativa de interinos”, afirmó.
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