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lunes, 14 de junio de 2010

La crisis hace que sobren funcionarios

Es la noticia que ha publicado La Provincia y que os traigo, escrita por Rubén Costa:

En Canarias sobran empleados públicos si no se aborda con urgencia la reforma de la Administración para mejorar su funcionamiento y distribuir mejor sus recursos. El sobredimensionamiento de la estructura administrativa de las Islas es insostenible con la crisis y ya se están empezando a evidenciar las dificultades para pagar las nóminas de los 126.000 funcionarios que trabajan para los tres escalones de las administraciones canarias. Expertos y ex consejeros de Hacienda del Gobierno regional concluyen que el sector público se infló durante los años de bonanza económica y ahora, con una recesión impensable hasta hace tres años, los gobiernos autonómicos, insulares y municipales se están viendo con serias dificultades para poner freno al ingente gasto que supone mantener los puestos de trabajo.

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Suay, cree necesaria una "simplificación" de la Administración para evitar el excesivo solapamiento de competencias y funciones que se da con demasiada frecuencia en los distintos niveles, situación que implicaría la eliminación de órganos y unidades de gestión. Para Suay habría que realizar ajustes en los escalones superiores de la Administración y en el ingente personal eventual y temporal que entra más por criterios de "confianza" y "lealtad" que por los sistemas legales de nombramientos y oposiciones de la Función Pública.

El también miembro del Consejo Consultivo de Canarias puntualiza que no se puede "penalizar" siempre al funcionario porque su labor es también "imprescindible", pero apuesta por implementar más controles e inspecciones para agilizar y dar mayor eficacia al trabajo que se hace para los ciudadanos.

El ex consejero y economista Óscar Bergasa es más drástico y asegura que contar con los mismos servicios en tres administraciones públicas diferentes es un "disparate", por lo que es "inaplazable" una reforma de la Administración y una regulación de las funciones de los empleados públicos porque sería un "suicidio" seguir de esta forma. Bergasa cree que deben asegurarse los puestos de trabajo de los servicios públicos esenciales -Sanidad y Educación- que suponen más de 50.000 empleos, pero sí hay que eliminar puestos "absurdos" que no aportan nada en los diferentes niveles administrativos y en las empresas públicas.

Por su parte, Luis Hernández defiende una reestructuración urgente de la organización del trabajo en la Administración, traspasar a la iniciativa privada las funciones que realizan las sociedades y fundaciones públicas y amortizar plazas que supongan un solapamiento de competencias. Hernández, economista y empresario, cree que la Comunidad Autónoma debe reducirse al mínimo y darle más competencias a los cabildos para agilizar el "calvario" que supone la excesiva burocracia que impera en las administraciones canarias. La conclusión de los expertos es clara: sobran funcionarios.

Animo!!!

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