La Dirección General de la Función Pública, dependiente de la Consejería de Presidencia, ha decidido suspender el plazo máximo para resolver los 17 procesos de selección que tienen en curso. Esta medida afecta a las 15.487 personas inscritas en las oposiciones paralizadas, quienes tardarán más de lo previsto en conocer si se podrán hacer con una de las 616 plazas en juego para empezar a trabajar en la Administración Pública autonómica.
Según publicaba ayer el Boletín Oficial de Canarias, esta decisión se toma porque la Dirección General de la Función Pública ha recibido sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por el sistema de concurso-oposición utilizado en los procesos selectivos, cuando la ley dicta que sea solo por oposición. En este sentido, los servicios jurídicos de la Consejería están llevando a cabo actuaciones procesales, dada "la cantidad de intereses implicados".
Tanto los procesos de acceso libre como los de promoción interna horizontal y vertical que se ven afectados por este obstáculo pertenecen a los grupos A y C. Cada una de las oposiciones perjudicadas está en un punto diferente de su desarrollo, por lo que hay algunos procesos que están a la espera de la fecha de examen y en otros ya se han realizado las pruebas.
La decisión de suspender el plazo máximo para resolver los procesos selectivos la tomó el director general de la Función Pública en funciones, Francisco Javier Rodríguez, el 19 de julio, justo un día después de que los consejeros del nuevo Gobierno de Canarias tomaran posesión de sus cargos. "A nosotros esta paralización no nos gusta", expone el actual viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, quien se incorporó a su despacho el pasado lunes. "El director general puso en marcha esta medida por prudencia administrativa", sostiene Rodríguez, "para garantizar los derechos de las personas interesadas".
El equipo que se incorpora ahora a la Consejería de Presidencia ya ha solicitado a los servicios jurídicos y a la dirección general un informe detallado sobre este asunto, porque consideran "prioritario" culminar estos procesos selectivos. "Los recursos humanos son el activo más valioso de la Comunidad Autónoma", defiende Rodríguez, por lo que esta es una tarea que van "a solventar cuanto antes".
Según explica el viceconsejero del área, suspender los plazos máximos para la resolución de un procedimiento es una medida que está en la legislación de los procedimientos administrativos, pero "no anticipa, de ninguna manera, una decisión sobre el fondo del asunto".
"El proceso de análisis no puede dilatarse por el respeto a los aspirantes a la Administración, personal que necesitamos mucho tras varios años en los que fue imposible realizar ofertas de empleo público", apunta el viceconsejero, quien subraya que anhelan unos servicios públicos de calidad y no se pueden permitir que "haya gente a la espera de entrar a trabajar, pero que por cuestiones burocráticas no puedan iniciar su labor en la Administración".
"Esto es una chapuza sobre otra chapuza", asegura el secretario general de Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Manolo González. "Sacaron todas ofertas públicas muy seguidas y ahora se ven sobrepasados", señala el líder sindical.
González explica que hay una sentencia del TSJC que afirma que las bases generales de las ofertas públicas de empleo de 2015, 2016 y 2017 son nulas de pleno derecho, porque se acordaron por un procedimiento de concurso-oposición y no de oposición, como recoge la normativa de Función Pública del Gobierno regional. "Esto se puede arreglar modificando la ley, pero a día de hoy no se hecho y depende de la voluntad del nuevo director general de la Función Pública", manifiesta.
El Sepca reclama al consejero de Presidencia, Julio Pérez, que aporte una solución a este problema lo antes posible, porque "hay muchos aspirantes pendientes de ocupar su puesto y porque la carga de trabajo sigue siendo la misma para los funcionarios en activo"
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