El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) pone en cuestión las oposiciones convocadas desde 2015 para la Administración General de la Comunidad Autónoma. Varios fallos de la sala de lo Contencioso del alto tribunal canario anulan las bases generales por las que se rigen al menos 17 procesos selectivos convocados, con más de 600 plazas en juego y más de 15.000 aspirantes. Esta situación ha puesto en un aprieto al nuevo Gobierno, que se ha visto obligado a pedir a la Justicia que aclare el alcance real de las sentencias ante la inseguridad jurídica que se ha generado entre los opositores y el propio Ejecutivo.
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Ejecutivo regional, Julio Pérez, mostró su "preocupación" e "inquietud" y espera que el TSJC resuelva la aclaración con urgencia para saber a qué atenerse y no alargar el proceso más allá de lo debido.
La última sentencia conocida es del pasado 14 de junio y falla sobre una impugnación al proceso del cuerpo de ingenieros y arquitectos. Sin embargo, de un recurso puntual sobre una convocatoria de noviembre de 2017 la sentencia anula las bases generales que rigen todos los procesos selectivos, lo que ha dejado descolocado al Ejecutivo regional. Pérez planteó sus dudas sobre la decisión de anular todo un proceso cuando la impugnación se refería a un cuerpo funcionarial en concreto y por eso su primera decisión al llegar a la Consejería ha sido que los servicios jurídicos pidan aclaraciones.
"El Gobierno va a estar encima del asunto y del procedimiento para tratar en la medida de lo posible de minimizar el impacto que esa resolución judicial pueda tener en el resto de los procesos selectivos", manifestó el también portavoz del Ejecutivo. Según afirmó, fue el anterior Gobierno el que decidió prorrogar el plazo de los procesos selectivos para que los tribunales dicten su resolución final, decisión de la que se enteró de forma "inesperada" por la prensa. Pérez, que cesó ayer al Francisco Rodríguez del Castillo como director general de Función Pública, no cuestionó la motivación de la resolución sino las formas ya que ni el anterior consejero, José Miguel Barragán, ni el director general le dijeron nada en el traspaso de poderes cuando fue una decisión adoptada el 19 de julio, aunque publicada en el BOC el miércoles.
La dilatación en el tiempo de la convocatoria de las oposiciones depende de lo que conteste la justicia, señaló Pérez, quien ha recordado que agosto es un mes inhábil. La sentencia no es firme, por lo que, además de la aclaración, también existe todavía un recorrido judicial hasta que el fallo judicial se cierre definitivamente.
Julio Pérez admitió que los opositores y la propia Administración necesitan seguridad jurídica porque tanto los afectados como sus familias han invertido mucho tiempo y dinero para prepararse unas ofertas de empleo público que se vienen convocando desde 2015. El consejero no se atrevió a predecir qué sucederá a partir de ahora hasta que el juzgado se pronuncie sobre la aclaración solicitada por el Ejecutivo, algo que ahora se pone más cuesta arriba debido a que el mes de agosto es inhábil en la Administración de Justicia.
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