Imagen de las pruebas celebradas en junio para celador, a las que se presentaron 23.000 aspirantes. i LP/DLP
Las 6.000 plazas anunciadas por la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, para el próximo año corresponden a la oferta pública de empleo (OPE) de 2007. En estos cuatro años sólo se ha convocado el 15% de todas las categorías y grupos profesionales incluidos en la oferta, entre ellos médicos especialistas, licenciados en Derecho, administrativos, pinches y celadores. La lentitud del proceso lo demuestra el hecho de que las notas de pinche y otras categorías se publicaron ayer, casi un año después del examen, mientras que las 23.161 personas que se examinaron el pasado junio para las 413 plazas de celadores aún desconocen la nota del examen.
Uno de los objetivos que se ha marcado la Consejería de Sanidad es desbloquear y acelerar un proceso estancado entre impugnaciones, un sinfín de trámites y las dificultades propias de examinar a las decenas de miles de personas que se inscriben para opositar. En el caso de los celadores, se inscribieron 46.234 personas en las siete islas, pero se presentaron a la prueba poco más de 23.000. Los aspirantes a pinches fueron unos 13.000 para cerca de 400 plazas.
Los representantes de los sindicatos no salían ayer de su asombro ante las palabras de Brígida Mendoza. Después de cuatro años, los más optimistas creen que el proceso tardará al menos dos años más en finalizar una vez que se adjudiquen todas las plazas. Los dirigentes sindicales achacan esta demora a la deficiente gestión realizada por la Consejería, lo que ha supuesto un incremento de contratos eventuales que ahora son lo que se cubren ofreciendo las 1.400 interinidades anunciadas por la titular de Sanidad.
Críticas
El presidente del Sindicato de Médicos de Las Palmas, Isidro Rexachs, criticó la "mala gestión" de la Consejería en estos últimos años, lo que ha desembocado en la práctica paralización de las oposiciones. "Estas 6.000 plazas tienen cobertura presupuestaria desde 2007 y se han estado cubriendo con personal contratado. Es una vergüenza que ahora reconozcan que llevan tres años con personal eventual sin que se les haya dado las interinidades hasta ahora", agregó.
"La consejera está mintiendo". De este modo contestó el secretario de la Federación de Sanidad y Servicios de CCOO-Canarias, José Alonso Rodríguez Tapia, al anuncio de la creación de 6.000 nuevos puestos en la Sanidad pública. La conclusión del sindicalista es que todas las plazas anunciadas por Brígida Mendoza ya están cubiertas. "Que se dejen de boberías y firmen que la plantilla se va a mantener en los números actuales y que el ahorro de 32 millones que se va a producir por aumentar nuestras horas de trabajo se va a derivar a incrementar plantilla y no a conciertos con la privada", señaló.
El portavoz de Sanidad de Intersindical Canaria, Bernardo Medina, advirtió que el retraso que acumula las oposiciones provoca que, una vez que finalicen, continúe el déficit de personal en el Servicio Canario de Salud, ya que seguirán faltando cerca de 500 médicos de familia, 150 facultativos especialistas y 1.700 enfermeros.
Medina indicó que la consejera se ha comprometido a agilizar la calificación de los exámenes de las oposiciones tras suprimir la contratación de una empresa externa, que era la encargada de realizar las calificaciones. El representante de Intersindical expresó su temor de que los 30 millones de euros que se ahorra Sanidad por el recorte de personal termine en la sanidad privada.
Uno de los objetivos que se ha marcado la Consejería de Sanidad es desbloquear y acelerar un proceso estancado entre impugnaciones, un sinfín de trámites y las dificultades propias de examinar a las decenas de miles de personas que se inscriben para opositar. En el caso de los celadores, se inscribieron 46.234 personas en las siete islas, pero se presentaron a la prueba poco más de 23.000. Los aspirantes a pinches fueron unos 13.000 para cerca de 400 plazas.
Los representantes de los sindicatos no salían ayer de su asombro ante las palabras de Brígida Mendoza. Después de cuatro años, los más optimistas creen que el proceso tardará al menos dos años más en finalizar una vez que se adjudiquen todas las plazas. Los dirigentes sindicales achacan esta demora a la deficiente gestión realizada por la Consejería, lo que ha supuesto un incremento de contratos eventuales que ahora son lo que se cubren ofreciendo las 1.400 interinidades anunciadas por la titular de Sanidad.
Críticas
El presidente del Sindicato de Médicos de Las Palmas, Isidro Rexachs, criticó la "mala gestión" de la Consejería en estos últimos años, lo que ha desembocado en la práctica paralización de las oposiciones. "Estas 6.000 plazas tienen cobertura presupuestaria desde 2007 y se han estado cubriendo con personal contratado. Es una vergüenza que ahora reconozcan que llevan tres años con personal eventual sin que se les haya dado las interinidades hasta ahora", agregó.
"La consejera está mintiendo". De este modo contestó el secretario de la Federación de Sanidad y Servicios de CCOO-Canarias, José Alonso Rodríguez Tapia, al anuncio de la creación de 6.000 nuevos puestos en la Sanidad pública. La conclusión del sindicalista es que todas las plazas anunciadas por Brígida Mendoza ya están cubiertas. "Que se dejen de boberías y firmen que la plantilla se va a mantener en los números actuales y que el ahorro de 32 millones que se va a producir por aumentar nuestras horas de trabajo se va a derivar a incrementar plantilla y no a conciertos con la privada", señaló.
El portavoz de Sanidad de Intersindical Canaria, Bernardo Medina, advirtió que el retraso que acumula las oposiciones provoca que, una vez que finalicen, continúe el déficit de personal en el Servicio Canario de Salud, ya que seguirán faltando cerca de 500 médicos de familia, 150 facultativos especialistas y 1.700 enfermeros.
Medina indicó que la consejera se ha comprometido a agilizar la calificación de los exámenes de las oposiciones tras suprimir la contratación de una empresa externa, que era la encargada de realizar las calificaciones. El representante de Intersindical expresó su temor de que los 30 millones de euros que se ahorra Sanidad por el recorte de personal termine en la sanidad privada.
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