La última Encuesta de Población Activa (EPA) evidencia que la Administración Pública sufre un alarmante proceso de envejecimiento. Según los datos del tercer trimestre que el jueves se conocieron, más de 1.300.000 trabajadores del sector público tiene más de 50 años, lo que supone un 43% de la plantilla total. Además, casi 265.000 empleados tienen entre 60 y 64 años, cifra que supera al número de funcionarios y trabajadores públicos que están entre los 30 y los 34 años -unos 230.000-, o los que tienen menos de 30, que no llegan a los 200.000.
Por lo tanto, el sector público está dominado por funcionarios y empleados que llevan un gran número de años en sus puestos, que en muchos casos están muy cerca de la jubilación y entre los que los menores de 30 o incluso 35 años son una clara minoría.
«El envejecimiento de las plantillas en el sector público sigue en aumento. El 43,1% de los trabajadores tienen más de 50 años. Mientras, el colectivo de losmenores del 30 años tan sólo representa el 6,5%», explica la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en un informe sobre la EPA que ayer hizo público.
Esta compleja situación es, en buena parte, una consecuencia directa de la escasa oferta de empleo público que se produjo durante la crisis. Este hecho impidió la incorporación al sector público de trabajadores jóvenes o, al menos, que rebajasen la media de edad. Ahora, con la recuperación económica, el contexto está empezando a cambiar aunque la entrada de funcionarios de menor edad sigue siendo insuficiente para evitar el envejecimiento de la Administración.
«Si bien está subiendo la contratación de los menores de 30 años (un 9,4% respecto al trimestre anterior, y un 6,6% respecto a hace un año), esto no es suficiente para compensar el proceso de envejecimiento de las plantillas», explican desde Comisiones Obreras, que además apuntan que «prácticamente la totalidad de la contratación que se ha producido en el último año (el 93,5%), se ha concentrado entre las personas mayores de 50 años».
En su trabajo, CCOO también alerta de la «precariedad» que sufre el sector público como consecuencia de la alta temporalidad. Esto es algo que todos los sindicatos llevan años denunciando, y que se sigue produciendo a pesar del mencionado cambio de contexto y de la mejora de la economía. Así, la Encuesta de Población Activa muestra que «de los 58.200 empleos creados en el último año, el 87,4% son de tipo temporal», y que en esos mismos 12 meses «los contratos de menos de un mes han subido un 20,7% frente al descenso del 10,9% en la contratación de tres años». Con estos datos, la tasa de temporalidad del conjunto de la Administración alcanza ya el 24%, siendo especialmente alta entre las mujeres: un 28,5%, por el 18,6% de los hombres.
Sobre esta misma situación de precariedad también se ha manifestado esta semana CSIF, que advirtió de que la «Administración ha incorporado a 30.000 interinos desde la firma del acuerdo para reducir la temporalidad». El pasado mes de marzo, recuerda este sindicato, «el Gobierno se comprometió a reducir en un 90% la interinidad en las administraciones». Sin embargo, «lejos de reducirse, la cifra de interinos se ha incrementado en 30.000 respecto al primer trimestre del año»,expone la Central Sindical Independiente y de Funcionarios a partir de los datos recogidos en el EPA. Según sus cálculos, «las diferentes modalidades de contratos temporales que se realizan en la Administración alcanza ya a 737.700 personas, la cifra más alta de los últimos seis años».
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