Atrás ha quedado el compromiso adquirido por José Miguel Pérez y su equipo a su llegada al gobierno. Es como si todo aquello que criticaban del anterior ejecutivo, dirigido por Milagros Luis Brito, fuera ahora normal porque gobiernan ellos. El STEC-IC siempre ha dejado claro que no consentiría un continuismo de las políticas desarrolladas en la legislatura anterior. En este sentido, ha realizado múltiples llamamientos a la Consejería de Educación para que sea coherente con la línea crítica mantenida por el PSOE cuando estaba en la oposición.
Al mismo tiempo ha planteado reiteradamente la necesidad de establecer, cuanto antes, un calendario de negociaciones con el objeto de abordar todos los problemas que aquejan a la Educación Pública Canaria.
Sin embargo, y a pesar del buen talante que han mostrado desde el primer momento, la realidad demuestra que las cosas no mejorarán en el futuro. Ya no valen excusas como que están “aterrizando” o que quieren estudiar bien las opciones para adoptar soluciones duraderas. Tras casi siete meses en el gobierno, muchas cosas se podían haber solucionado. Al menos, las más urgentes: listas de empleo, despedidos, oposiciones, o el mal llamado plan de sustituciones, entre otras.
La maratoniana reunión de la Mesa Sectorial de Educación, celebrada el pasado 19 de enero, no sirvió para casi nada. No se resolvió ningún aspecto prioritario ni importante para mejorar la educación pública. En cambio, quedaron una vez más en el tintero asuntos de gran calado como son la convocatoria de oposiciones, la readmisión del profesorado despedido por la anterior consejera y la negociación de la normativa que regula las listas de empleo, cuya aplicación dio lugar a dichos despidos.
Respecto a la oferta de empleo público, la consejería sigue jugando al gato y al ratón, no facilitando información concreta, más allá de su intención de “sacar tantas plazas como sea posible, siempre que las reglas del juego no varíen” –palabras textuales del consejero- Pero las reglas del juego han variado, hay nuevos temarios que, en su mayoría, no han sido editados. Además, el ejecutivo estatal ha anunciado variaciones en el modelo educativo y en el acceso a la función pública. Esto, unido al enorme retraso que llevamos para convocar, debería bastar para no hacerlo. Además, un irrisorio número de plazas, como se prevé, someterá a los docentes a las oposiciones sabiendo que tendrán pocas opciones de obtener plaza. En cambio, tendrán muchas de perder su empleo debido al perverso sistema de reordenación de listas. Por otra parte, una convocatoria más amplia, supondría un efecto llamada de opositores de otras comunidades –sólo Andalucía y País Vasco han anunciado convocatoria- peligrando la estabilidad de los interinos de Canarias y las listas de empleo.
En cuanto al asunto de las listas de empleo y el profesorado despedido, mucho nos tememos que sólo han intentado dilatar el asunto. Plantean que están estudiando –todavía- dar solución a aquellos que aún mantengan sus recursos activos, dejando al resto en la estacada. Desde el STEC-IC consideramos que este trato discriminatorio es una burla hacia el profesorado ya que, si se considera que una medida es injusta, se debe reparar el daño para todos los afectados. Algo parecido ocurre con la normativa que regula las listas de empleo, pues reconocen que es mejorable –la actual fue impuesta por el gobierno- pero no están dispuestos a corregirla por ahora, por lo que el profesorado interino tendrá que sufrirla, al menos un año más.
Otro de los temas tratados en la mesa fue el de las comisiones de servicio donde apenas admitieron algunas sugerencias de las organizaciones sindicales, desoyendo la petición unánime de recuperar las comisiones de servicio por acercamiento dentro de la misma isla, lo que daría estabilidad al profesorado y a los claustros.
El STEC-IC aportará de nuevo un calendario urgente para negociar los diferentes temas pendientes y reclamará una vez más a la Consejería de educación que abra vías reales de diálogo y negociación. Desde el STEC-IC hacemos un llamamiento a los claustros de los centros educativos y a todos los agentes implicados en la educación a la defensa y dignificación de la educación pública en Canarias.
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