El Gobierno de Canarias se ha fijado la meta de reducir la tasa de temporalidad en el empleo público en hasta un 68% de aquí a 2022. Un objetivo que implica hacer fijos unos 10.300 puestos de trabajo que actualmente están sujetos a contratos temporales.
El director general de Función Pública del Ejecutivo regional, Francisco Rodríguez, avanzó ayer tras finalizar la reunión de la mesa general de empleados públicos que se ha acordado con los sindicatos la redacción del Plan de estabilización del empleo temporal 2017-2019. Este programa, cuyo primer borrador el Gobierno prevé tener terminado ya este próximo septiembre, marcará las pautas para conseguir bajar el porcentaje de trabajadores públicos con contrato temporal del actual 25% a un máximo de un 8%.
Rodríguez explicó que del conjunto de empleados públicos dependientes de la Administración autonómica, uno de cada cuatro, el susodicho 25%, "estaría en situación de temporalidad". El representante del Ejecutivo del Archipiélago puntualizó que este es un porcentaje "general", ya que la tasa de temporalidad es aún más alta en las áreas de Sanidad y Educación, aunque no se atrevió a decir cuánto más. Así pues, y en términos "generales", 15.231 de los 60.925 trabajadores en la nómina de la Administración canaria tienen un contrato temporal. La reducción de la tasa de temporalidad que pretende lograr el Gabinete que preside Fernando Clavijo supondría hacer fijos 10.357 de esos empleos, o lo que es lo mismo: los contratos temporales en la Administración autonómica pasarían de esos 15.231 a solo 4.874, aproximadamente.
Y ¿qué plazas temporales serán las que se convertirán en fijas? Rodríguez insistió en que estas tendrán que negociarse con los sindicatos atendiendo a las directrices que establece la ley de presupuestos generales del Estado, que no da vía libre para toda la nómina de puestos temporales de la Administración, aunque sí para la mayoría: servicios sociales, Servicio Canario de Empleo, personal sanitario, personal docente, personal de recaudación y gestión tributaria y personal de servicios de disciplina y sanción.
Además, el director general de Función Pública recordó también que de esas plazas temporales, no todas pueden estabilizarse, ya que, en primer lugar, han de ser plazas que a 31 de diciembre del año pasado llevaran un mínimo de tres años siendo desempeñadas por empleados con contrato temporal. "Va a depender de diferentes parámetros", subrayó Rodríguez, que puso el ejemplo del área de los servicios sociales, en la que los puestos que pueden estabilizarse son aquellos que conllevan la asistencia directa a personas, de modo que "hay que ir puesto por puesto determinando si le corresponde o no la estabilización", ahondó el representante del Gobierno canario.
En cuanto a los plazos para la ejecución del plan y la consecución de sus objetivos, Francisco Rodríguez dijo que el programa debe aprobarse y ponerse en práctica antes del 31 de diciembre de 2019. ¿Significa esto que en esa fecha ya se habrá reducido a un 8% del total el número de empleados temporales públicos? No. Significa que esa es la fecha tope para publicar la oferta de empleo público por medio de la cual se convertirán plazas temporales en fijas, con lo que "otra cosa es luego el plazo que tendrá la Administración para convocar y ejecutar esa oferta", un plazo que, en concreto, es de tres años. "Por tanto estamos hablando de un plazo hasta el año 2022", detalló el director general. En resumen, el Gobierno de las Islas cuenta en realidad con un margen de unos cinco años para reducir la tasa de temporalidad hasta ese deseado 8%.
Rodríguez achacó la alta tasa de temporalidad actual al bloqueo que el gabinete de Mariano Rajoy impuso a las autonomías a la hora de incorporar nuevos trabajadores. Un bloqueo, consecuencia de las restricciones presupuestarias a que dio lugar la crisis económica, que no permitía nuevas incorporaciones y que redujo el margen de maniobra de los ejecutivos regionales a la llamada tasa de reposición, que solamente hace posible recuperar parte de los empleos públicos perdidos por, por ejemplo, jubilaciones. El Gobierno ya trabaja en una oferta de empleo precisamente orientada hacia la recuperación de las plazas que la crisis impidió renovar, mientras que la oferta del plan de estabilización es para que las plazas cubiertas por personal temporal se cubran por personal definitivo.
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