El Gobierno se comprometió ayer con los sindicatos a presentar este año la mayor oferta de empleo público desde antes de la crisis. Según informó la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Hacienda presentará este año una oferta de empleo público que excederá el 100% de la tasa de reposición en Educación, Sanidad y Justicia. Esto supone que, en estos sectores, no se producirá únicamente una sustitución de los trabajadores que se jubilen, sino que las contrataciones irán más allá de esta cifra. Y, además, este mismo sindicato señaló que "se establecerá una tasa de reposición de hasta el 50% en el resto de los ámbitos".
De esta manera, el Ejecutivo del Partido Popular planteará la que, sin duda, es la mayor oferta de empleo público desde que gobierna Mariano Rajoy y que sólo se ve superada por la que en 2008 llevó a cabo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde el Área Pública de CCOO, sin embargo, se matiza que lo que realmente ocurrirá es que se transformarán plazas temporales en plazas fijas, mientras que Frederic Monell, de la Federación de Servicios Públicos de UGT, aclara que el Gobierno ha planteado un mecanismo excepcional de contratación que irá más allá de la tasa de reposición, y añade que "esperamos que, efectivamente, sea la mejor convocatoria de empleo público desde el inicio de la crisis".
Pero, en todo caso, en lo que sí que coinciden todos los sindicatos es en que esta actuación es el primer paso de un ambicioso plan de al menos tres años mediante el que el Ejecutivo pretende reducir la alta tasa de trabajadores interinos presentan las Administraciones Públicas, y que ha sido objetivo de crítica por parte de Bruselas.
Según consta en la comunicación de CSIF, "el Ministerio de Hacienda se planea realizar un proceso excepcional que permita reducir la temporalidad del 25% al 8%, en un plazo de tres o más años, en la Educación, la Sanidad y la Justicia". En este contexto, el Ministerio de Función Pública propuso, en ese mismo plazo de tres ejercicios, "la creación de 100.000 plazas fijas en educación no universitaria y de otras 100.000 en el Sistema Nacional de Salud", según explica a este periódico María Victoria Gómez García, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. A ello, habría que sumar la cifra correspondiente a Justicia, que no fue planteada por los representantes del Ejecutivo.
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