Dentro del programa de ajustes del gasto público anunciado por el presidente electo del Gobierno, tendrá especial relevancia el capítulo dedicado a la función pública.
Bajo la proclama de acabar con las duplicidades generadas por el torpe desarrollo del Estado de las autonomías, Rajoy se ha mostrado determinado a adelgazar en todo lo posible el sector público. La reducción de empresas, entes y fundaciones estatales formará parte de la primera batería de medidas que apruebe el nuevo Ejecutivo en los próximos días, a la que debería seguir un movimiento similar por parte de las comunidades autónomas, especialmente las más endeudadas.Pero para contribuir de manera decisiva al ahorro de 16.500 millones de euros durante 2012 prometido por Rajoy durante su investidura el esfuerzo que se exija al colectivo de empleados públicos tendrá que ser sensiblemente mayor. Por eso, los populares estudian con interés los pasos seguidos por David Cameron en Reino Unido.
El primer ministro británico ha puesto en marcha un agresivo plan para despedir a 700.000 funcionarios en los próximos años y congelar los salarios de los empleados públicos, que en 2013 y 2014 sólo subirán un 1%, previsiblemente por debajo de la inflación.
El adelgazamiento del sector público debe ser estructural y no por conveniencia o el contexto de crisis.
Como hemos reclamado en muchas ocasiones desde estas páginas, la cura de adelgazamiento del sector público debe ser estructural y no por conveniencia o porque las circunstancias económicas excepcionales así lo impongan. Y para eso es vital un redimensionamiento global de las diferentes administraciones. La mayoría absoluta obtenida por el PP en las elecciones del pasado 20N, unida a la también abultada victoria en los comicios autonómicos y municipales, otorga a los populares el margen y la fuerza necesarias para emprender esta necesaria contracción sin ambigüedades ni medias tintas.
Sería bueno que a este ejercicio de responsabilidad se unan además otros partidos mayoritarios y los nacionalistas, de forma que se sienten las bases de consenso para un sector público equilibrado y sostenible en el futuro. De paso, sería la ocasión propicia para introducir sistemas de evaluación de la tarea que desempeñan todos los empleados públicos –incluidos los funcionarios de carrera–, incorporar criterios presentes en el sector privado como la productividad y revisar a fondo el sistema de oposiciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario