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domingo, 13 de marzo de 2016

Educación busca rebajar el impacto de la expulsión de los docentes

Os traigo esta noticia que ha publicado El Día:


La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias estudia cómo ejecutar la sentencia que deja a seis profesores sin su plaza de funcionario de carrera por haber cometido tres o más faltas de ortografía en las oposiciones de 2007. La expulsión de estos docentes obliga a reordenar todas las listas de empleo. Además, su salida permitirá que seis docentes interinos pasen a tener un puesto fijo como funcionarios.
La Dirección General de Personal y los servicios jurídicos trabajan intensamente para evaluar el impacto que tendrá la eliminación de estas seis personas de la lista de docentes que obtuvieron plaza en el proceso selectivo del año 2007. La oferta de empleo público de ese año ha estado salpicada de errores y quejas desde que se celebró. Entonces, varios profesores presentaron denuncias ante la administración. La razón, que la Consejería había dado instrucciones a los tribunales de oposiciones sobre el número máximo que podían aprobar. Esas reclamaciones hicieron que el departamento educativo optara por repetir una parte de las pruebas, lo que generó muchas protestas entre quienes ya habían superado el examen y no querían repetir el proceso.
Durante estos ocho años todos aquellos que se sintieron agraviados por las decisiones tomadas han presentado recursos. Entre ellos, varios exigían la corrección de numerosos exámenes por superar el número máximo de faltas de ortografía. Según la normativa vigente, si un examen tenía tres o más errores ortográficos obtendría un cero como calificación, lo que trastocaría toda la media. El tiempo y los tribunales dieron la razón a estos docentes y se revisaron hasta 26 exámenes. De ellos, en seis se detectó un número de faltas mayor al permitido y la justicia determinó que la nota no avalaba su ingreso en el cuerpo de maestros en calidad de funcionarios.
En este contexto, con varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y del Tribunal Supremo (TS), la Consejería de Educación no tiene más remedio que cumplir con la resolución de la sentencia, a pesar de los considerables perjuicios que puede acarrear la reordenación de las listas.
No se trata solo de que seis docentes salgan de las listas como funcionarios y se vayan al final de la cola, sino que esa extracción haría que toda la plantilla variara, además de que seis interinos que se quedaron al borde de conseguir plaza se convirtieran en funcionarios.
Toda esta serie de cambios, además de tener incidencia en la vida personal y profesional de un número importante de personas, puede repercutir en el propio sistema educativo.
LAS CLAVES
Errores desde 2007. Las oposiciones de 2007 han estado salpicadas de errores y quejas desde que se celebraron, en el año 2007. A partir de ahí empezó un proceso judicial que culmina ahora.
Reordenación de las listas. Educación estudia las alternativas jurídicas para ejecutar la sentencia ocasionando el menor perjuicio posible al sistema.

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