La crisis de deuda y los problemas relacionados con el gasto público no cesan; pero tampoco lo hacen los incrementos de plantillas en la administración del Estado. En particular, en el Ministerio de Justicia, que acaba de convocar oposiciones para cubrir 1.073 plazas de funcionario de carrera. La convocatoria fue publicada el pasado cinco de septiembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y se destina a tres cuerpos de la administración. El cuerpo de gestión procesal y administrativa (279 plazas), el de tramitación procesal (411 plazas) y el cuerpo de auxilio judicial (383 plazas).
La convocatoria forma parte de la oferta de empleo público aprobada por el Gobierno el pasado mes de febrero, y a la luz de la coyuntura laboral no es de extrañar que el número de aspirantes se haya multiplicado desde que se conoció la publicación del anuncio en el BOE. Los datos de ADAMS, empresa líder en el proceso de preparación de oposiciones a los distintos cuerpos de la administración, muestran que la demanda de matriculaciones durante la primera semana desde que se publicó la convocatoria ha crecido un 50% en proporción a la misma oposición que realizó el Ministerio de Justicia en 2010.
Andalucía será, con diferencia, el destino mayoritario de los nuevos funcionarios. Prácticamente la tercera parte (337 plazas) irán a la región; seguida de Madrid (179); País Vasco (141); Comunidad Valenciana (86) y Canarias (65).
La Oferta de Empleo Público (OEP) para 2011 ascendió en total a 2.781 plazas, según lo anunciado en su día por el Ejecutivo, y limitaba la tasa de reposición de efectivos al 10%, como ya ocurriera en 2010. Esto supone que al menos sobre el papel de cada 10 funcionarios que se jubilen este año, sólo se cubrirá una plaza.
El Gobierno prevé que este año se convoquen 1.527 plazas de nuevo ingreso en la Administración General del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, frente a las 1.989 plazas de 2010, lo que supone un 23,2% menos. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que no sólo contrata el Gobierno central, sino también los distintos entes territoriales (comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones o cabildos), por lo que el número de nuevos ingresos será con toda seguridad superior.
“Estamos reduciendo plantilla y aliviando los Presupuestos Generales del Estado”, aseguró en febrero el por entonces portavoz y vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Lo cierto es que en julio de 2010 -últimos datos publicados por el Registro Central de Personal (REP)- había en España 2.680.219 empleados públicos, de los que únicamente el 22% trabajan en la administración pública estatal (incluidos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las fuerzas armadas y la justicia). Esto supone un aumento de 21.209 empleados públicos respecto de un año antes, pese a que desde hace tres años la oferta de empleo público ha tenido un carácter fuertemente restrictivo.
Más empleo público
Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) apuntan en la misma dirección. El número de asalariados del sector público se situó en el segundo trimestre de este año en 3.217.500. Esto quiere decir un incremento de 131.900 empleados públicos respecto de un año antes, pese a ese “alivio” en las cuentas públicas del que habló Rubalcaba. Todas las administraciones (central, local y autonómica) han visto incrementar sus plantillas en el último año, según la EPA. Fundamentalmente en el caso de las regiones, que controlan ya el 50% del empleo público. Respecto del primer año de la crisis -2007- hoy hay casi 160.000 asalariados más al servicio de las distintas administraciones públicas que entonces.
Las plazas ofertadas tienen las siguientes funciones. En el caso de los funcionarios de auxilio judicial se encargan, entre otras misiones, de ejecutar embargos, mantener el orden en las salas de vistas o realizar notificaciones y citaciones. Por su parte, el cuerpo de gestión procesal se encarga de ejercer en las secretarías de juzgados de paz, juzgados sustitutos o gestionar la tramitación de procedimientos. En cuanto a los funcionarios de tramitación judicial redactan documentos, notificaciones o diligencias, además del registro y clasificación de correspondencia.
Concursar por un puesto en la administración pública vale la pena hoy en día. Trabajar para el Estado es una de las pocas alternativas laborales que puede asegurar estabilidad además de un muy buen sueldo e infinitas ventajas en el plano social.
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