s un jarro de agua fría para miles de aspirantes que llevan años preparándose para ser profesor o maestro en los colegios e institutos españoles. Siete comunidades autónomas han decidido aplazar un año la convocatoria de oposiciones docentespor el bloqueo en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Otras cuatro (Andalucía, País Vasco, Cataluña y Baleares, aunque esta última solo con plazas que había reservado en 2016) siguen adelante y el resto aguardan a que se desbloquee la situación que se podría solventar por una vía alternativa. Los sindicatos estiman que hay más de 50.000 plazas en juego en 2017. El Gobierno habla de 150.000 previstas para toda la legislatura.
La clave para fijar el número de plazas está en la tasa de reposición. Es el porcentaje de vacantes de funcionarios públicos que se cubren de aquellos que se marchan (por jubilación o enfermedad, principalmente). El Gobierno fija esa tasa -que en 2016 fue del 100%- dentro de los presupuestos. Pero no solo. Se puede hacer también mediante Real Decreto Ley, como ya han solicitado algunas comunidades al Gobierno para intentar ponerlas en marcha cuanto antes. Ocurrió a finales de 2011.
El PP aprobó entonces un real decreto de medidas urgentes en el que establecía precisamente una tasa de reposición del 10%. El número de profesores que trabajan en precario, los interinos, es del 20%, según datos del Ministerio de Educación. Preguntado a este respecto, un portavoz del Ministerio de Educación señala que aprobar esa medida “corresponde a Hacienda”. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha señalado este viernes que "si hubiera Presupuestos Generales del Estado sería mucho más sencillo". El de Hacienda, Cristóbal Montoro ha reiterado que hasta que no haya presupuestos no se va a tomar ninguna decisión. Fijar una tasa de reposición mediante real decreto desbloquearía también el resto de oposiciones pendientes, como las de jueces y fiscales.
Hay comunidades que no han convocado ni una sola plaza de profesor en los últimos cinco años y que esperaban empezar a recuperarlas en 2017. “No podemos ser un arma política, los políticos tienen que arreglar esta situación”, ha reclamado este viernes en una rueda de prensa Mario Gutiérrez, representante del sindicato CSIF. “Las comunidades autónomas chantajean al Gobierno con el empleo y el Gobierno les chantajea con los presupuestos”, ha lamentado Gutiérrez, que recuerda que las oposiciones para maestros y profesores “no aumentan el gasto del estado porque el convenio de trabajo de los profesores interinos [funcionarios sin plaza] les da retribuciones iguales a los fijos”.
El Ministerio de Educación, según diversas comunidades, ya ha avisado a las regiones de que, si convocan oposiciones sin que la tasa de reposición esté fijada, el Gobierno las podría impugnar como ya ocurrió en Andalucía en 2012. La Junta de Andalucía convocará este año oposiciones para docentes “sí o sí”, según confirmó la presidenta, Susana Díaz, en el Parlamento autonómico. La oferta de empleo público se eleva a 2.486 plazas. La Administración autonómica esgrime que tiene competencias plenas en Educación, que se trata de un servicio esencial y que la convocatoria no afecta ni a las limitaciones de plazas impuestas por el Gobierno central ni al cumplimiento del déficit.
El Tribunal Constitucional, tras un recurso del Gobierno central, suspendió en septiembre de 2012 las oposiciones para 2.389 profesores en Andalucía, a las que se inscribieron 33.154 personas. Los magistrados justificaron su decisión en las restricciones para la reposición de funcionarios docentes, “la difícil reparación de las situaciones jurídicas que pudieran consolidarse” y en “la necesidad de preservar la contención del gasto público en el actual contexto económico y financiero de reducción del déficit”.
Además de Andalucía, Cataluña prevé aprobar unas 2.000 plazas para finales de año y País Vasco ha publicado ya el proceso en su boletín con otras 740. Baleares, por su parte, ofertará seguro 250 plazas que tenía previstas desde 2016 y podría llegar a doblar hasta 500 si se soluciona el asunto de la tasa de reposición.
En el extremo opuesto están las que ya han anunciado que no convocarán este año. Son siete regiones: Castilla La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Aragón, La Rioja y Navarra y este viernes por la tarde se ha sumado también Murcia, según los datos recabados por este periódico. A ellas se suma Comunidad Valenciana, que ya había fijado previamente su convocatoria en 2018 sin que esté relacionado con este asunto.
Y quedan otras cinco más en compás de espera pendientes de las negociaciones del Congreso de los Diputados y que sopesan, además, si es buena idea convocar en sus regiones cuando no lo han hecho las del entorno, lo que puede provocar un efecto llamada. Son Madrid, Cantabria, Canarias, Asturias y Galicia.
Los plazos son muy apretados porque lo habitual es convocar para junio y que los nuevos funcionarios se incorporen a las aulas en septiembre. En Canarias se han puesto como límite el 1 de marzo para decidir si convocan o no este año. Madrid también está pendiente. La Xunta de Galicia, en manos del PP, prometió hace apenas semanas sacar a concurso en 2017 unas 3.000 plazas de empleo público, un millar de ellas en Educación. El Ejecutivo gallego ha anunciado que acatará la orden recibida del Gobierno central para dejar en suspenso las convocatorias hasta que Mariano Rajoy no logre apoyos políticos para sacar adelante en el Congreso los presupuestos. Y sostienen que si las cuentas públicas no se aprueban antes de mediados de abril no dará tiempo a celebrar las oposiciones para que los nuevos profesores ocupen sus plazas en el curso 2017-2018. El presidente Feijóo sostiene, como viene manteniendo hasta ahora el Gobierno central, que es “imprescindible” aprobar los presupuestos para que se puedan convocar plazas. A finales de 2011, sin embargo, no fue así.
ANDALUCÍA ACUSA A RAJOY DE “CHANTAJE”
RAÚL LIMÓN
Andalucía no va a esperar para dotar a los servicios públicos de las plazas que ha perdido. A los 2.468 profesores que se incorporarán este año, habrá que sumar 3.532 funcionarios más de sanidad, servicios sociales y administración general. Solo en este último ámbito, la dotación será del 50%. En el resto, la intención es cubrir el total de los puestos disponibles.
La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó ayer estos planes y acusó a Rajoy de “chantajear”. “No tiene sustento lo que dice el Gobierno de que la tasa de reposición es cero. Es una suerte de chantaje a las comunidades para que presionen a los grupos políticos del Congreso”. Montero dijo que “todos los informes avalan la convocatoria” de 8.000 plazas.
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