Los sindicatos discuten la legalidad de las oposiciones docentes

Os traigo la noticia que ha publicado El Día, escrita por M.G.:

Pasan las semanas y la Consejería de Educación del Gobierno canario no termina de resolver una duda de miles de profesores y de quienes aspiran a serlo: ¿habrá oposiciones este año? El departamento que dirige José Miguel Pérez espera aún a que el Ministerio le dé autorización por escrito y de forma oficial. Hasta ahora ya lo ha hecho de palabra y a través de correo electrónico, pero el Ejecutivo regional no se fía.

El visto bueno es necesario porque Educación prevé convocar más de las escasas 60 plazas -aspira a llegar a 218- que le permite una lectura estricta de la ley, que solo posibilita cubrir el 10% de las plazas que quedan vacantes por jubilación o fallecimiento. Para ello, quiere sumar la oferta de los dos últimos años, más la de sectores que no han convocado, como Sanidad y Justicia, una fórmula que, según los sindicatos de la enseñanza, puede ser contraria a la legalidad.

Las organizaciones sindicales de las Islas se oponen frontalmente a la celebración de oposiciones mientras no se modifique la normativa que regula las listas de interinos, recientemente anulada por la Justicia -aunque el Gobierno ha recurrido la sentencia- y que, según los colectivos docentes, pone a miles de profesores en riesgo de quedar fuera del sistema.

La lucha contra las oposiciones llevó ayer a una cincuentena de docentes a concentrarse frente a la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife. Durante el acto, José Ramón Barroso, secretario general de CCOO, explicó que la convocatoria en los términos que plantea la Consejería "es irregular, porque obligaría a modificar la ley de presupuestos, donde se recoge que no se puede sobrepasar el 10% de la tasa de reposición del año en curso".

Los sindicatos sospechan que la cautela del Gobierno autónomo se debe a que confía en que el Ministerio le garantice que no impugnará su oferta de empleo. Si así fuera, argumentó Barroso, la "inseguridad jurídica" persistiría, porque el hecho de que el Ejecutivo central no recurra no significa que no lo hagan los afectados.