Comisiones Obreras no está dispuesta a esperar para que se aplique la sentencia que anula el sistema de listas del profesorado interino de Canarias. Después de que el Gobierno autónomo anunciara la pasada semana su intención de recurrir la decisión judicial ante el Tribunal Supremo, el sindicato, promotor de la demanda, ha exigido a la Administración su inmediata ejecución.
La solicitud fue formalizada ayer en las dependencias de la Consejería de Educación en Gran Canaria por el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Canarias, José Ramón Barroso, quien advirtió de que, en caso de que la petición no sea atendida -como es previsible-, recurrirán a la Justicia.
La reclamación de que se cumpla la sentencia va acompañada de la exigencia de que se desarrolle una "negociación colectiva real" -su vulneración es el núcleo de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)- y se descarte la convocatoria de oposiciones a maestro, que el Gobierno trata de impulsar con la cerrada oposición de la mayoría de los sindicatos de la enseñanza.
Las discrepancias entre CCOO y el Gobierno autónomo sobre el alcance de la sentencia son de raíz: el sindicato entiende que supone la nulidad total del decreto que regula las listas de empleo, mientras que el Ejecutivo considera que afecta solo a un aspecto concreto, el referido al criterio empleado para el desempate entre miembros de las listas que tienen la misma puntuación.
"Si los jueces hubieran querido dictaminar que un artículo debe ser anulado o modificado podían haberlo hecho, pero no ha sido así: han dictaminado la nulidad de pleno derecho del decreto, lo han echado abajo", argumentó José Ramón Barroso.
El TSJC dio la razón al sindicato al considerar que el Gobierno canario infringió el derecho a la negociación colectiva cuando introdujo en el texto del decreto -que regula la composición de las listas de empleo en educación, sanidad y administración general- aspectos que no habían sido acordados en la Mesa General de Empleados Públicos.
A juicio de CCOO, la contundencia del fallo hace augurar escaso recorrido al recurso de reposición ante el Supremo que pretende presentar el Ejecutivo.
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