El aplazamiento de las oposiciones para cubrir 27.000 plazas docentes previstas para este verano divide a las comunidades autónomas. El asunto se abordó este miércoles 25 de marzo en la reunión por videoconferencia de la ministra de Educación, Isabel Celaá, con los consejeros autonómicos. Madrid, Cataluña, Galicia, Euskadi y, en la medida de lo posible, Castilla y León, defendieron el mantenimiento de sus calendarios. Las otras 11 apostaron por aplazarlas, en general, un año, aunque Baleares abogó por retrasarlas solo a octubre, señalaron a este diario fuentes presentes en la reunión. La ministra decidió dejar el debate para la semana que viene. Pero algunas comunidades, como Madrid, adelantaron que sus competencias les permiten convocarlas, como tienen previsto, sin pedir autorización al Gobierno central.
Las comunidades que apuestan por el aplazamiento consideran que la pandemia de coronavirus no permite asegurar que vayan a darse las condiciones para celebrar unas convocatorias masivas de tales características. Y creen, además, que la situación de confinamiento, en la que muchos interinos tienen además el deber de continuar ofreciendo docencia a distancia, hace muy difícil para buena parte de los aspirantes prepararse de forma adecuada.
Garantizar las plazas
Los sindicatos reclamaron al Gobierno y las comunidades que traten de mantener una posición común para evitar las consecuencias de una fragmentación de las convocatorias, que provocará que miles de aspirantes de los territorios donde no se celebren acudan a aquellas donde se mantengan. Comisiones Obreras y UGT exigieron también que, en el caso de que finalmente se aplacen, se conserven para el año que viene las 27.000 plazas previstas.
En los sindicatos preocupa que la crisis que puede generar el coronavirus conduzca a una nueva oleada de recortes en las inversiones públicas y las plazas previstas nunca lleguen a convocarse cuando el sistema educativo todavía no se ha recuperado de los recortes de la crisis anterior, como demuestra la tasa de envejecimiento del profesorado (los menores de 30 años son el 4,7% de la plantilla).
Aunque algunas comunidades, como la valenciana, dieron el aplazamiento por seguro, la decisión todavía tiene que verse aprobada en sus respectivas mesas sectoriales. Las autonomías partidarias del aplazamiento creen que el resto acabará asumiendo, a medida que pasen los días, que no se pueden celebrar.
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