El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria llega a pagar a algunos de sus funcionarios complementos retributivos que superan los 2.700 euros brutos, a los que habría que sumar además, el salario base más los trienios. De hecho hay un selecto grupo de funcionarios, los habilitados nacionales y directores generales, que rozan los 6.000 euros mensuales de nómina en bruto. El neto, al aplicar los descuentos del IRPF, hace que el salario final sea de 3.500 euros.
Sin embargo estos trabajadores municipales apenas llegan a una docena, los que tienen el nivel 30 dentro de la tabla salarial de la administración local. Hay un gran número de técnicos (que se mueven entre los niveles 26 y 29), y luego está la gran masa salarial que son los administrativos (niveles 16-26) y auxiliares administrativos (12-18). El nivel retributivo básico es el de peones y conserjes (12-16). Todos los empleados suelen cobrar hasta cuatro complementos, pluses aparte. Un administrativo de nivel medio puede sumar a su sueldo base (720 euros brutos), el complemento de destino (509 euros brutos ), el específico (740), la dedicación exclusiva (360) y la incompatibilidad (180).
Gran parte de estos complementos, como el específico y la incompatibilidad, son los que podrán verse reducidos cuando se concluya la relación de puestos de trabajo (RPT) encargada por el gobierno municipal para aplicarla en unos meses.
Esta pretensión anunciada por el director de gobierno de Presidencia y responsable de Recursos Humanos, Claudio Rivero, ha soliviantado a los trabajadores municipales que ayer se decidieron a manifestarse en las puertas del Ayuntamiento. Medio centenar de empleados públicos pidieron ayer la cabeza de Rivero por ser "un constante elemento de conflictividad" con los empleados. Tras la protesta, siete de los ocho sindicatos representados en el comité de empresa entregaron un escrito al alcalde pidiendo la dimisión del director de gobierno o su cese.
Además, todos los sindicalistas coinciden en rechazar la posibilidad de convertir en funcionarios interinos a los laborales indefinidos, como propone el gobierno local. "Estamos hablando de la misma o peor precariedad que la de un laboral indefinido porque si el Ayuntamiento decida que esa plaza de funcionario interino ya no hace falta el trabajador se va a la calle sin indemnización a lo que sí tiene derecho un indefinido", explicó el presidente del comité de empresa, José Manuel Rodríguez.
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