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miércoles, 11 de enero de 2012

STEC-IC advierte del mal comienzo de año para la educación pública canaria

Os traigo otra noticia más, está vez publicado en San Borondón:

STEC-IC afirma que los derechos laborales y sociales dejan de serlo de la noche a la mañana, de un plumazo, sin preaviso ni negociación; y los servicios públicos que deberían ser potenciados para garantizar la protección e igualdad de oportunidades de todas las personas, sufren serios recortes.
A partir de la congelación salarial para el 2012 aprobada por el Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy, las y los docentes veremos rebajado nuestro poder adquisitivo entre un 1% (subida de IPC prevista por el Gobierno) y un 2% (previsión del Banco Central Europeo). Esta pérdida se añade a la rebaja del 5% de los salarios en 2010 y a la congelación salarial de 2011, que conllevó los recortes en las extras de junio y diciembre.  Así mismo, sube el IRPF y la aportación a Clases Pasivas y MUFACE.

A estos recortes se suman los realizados por el Gobierno canario (ayuda social, premio de permanencia, no cobro de verano para personal sustituto, rebaja salarial después de los 90 días de IT…) y las diferencias retributivas del profesorado con el resto del funcionariado  de Canarias de igual categoría y titulación, mantenidas desde 1995.

Es decir que, una vez más, nos hacen pagar los efectos de una crisis financiera que no hemos generado.

Así mismo, el empleo público se ve claramente amenazado. Los anuncios de ampliación de la jornada laboral y las restricciones de las ofertas de empleo público hacen presagiar una reducción de la plantilla docente, que generará nuevos despidos (o no contrataciones, como le llaman ahora) de personal de las Listas de Empleo.

En Canarias hemos comenzado el año con unos Presupuestos continuistas, con previsibles nuevos recortes a los Servicios Públicos, impuestos por el Gobierno del Estado; unos Presupuestos que en el área de Educación, con un irrisorio aumento de 7 millones de euros, frente a los casi 200 millones hurtados a la enseñanza pública en los años 2010 y 2011, ponen en peligro el derecho a la educación de la ciudadanía canaria, pues no aseguran los medios necesarios para desarrollarla en óptimas condiciones.  Paralelamente, los conciertos educativos con la enseñanza privada ven aumentados su porcentaje respecto al Presupuesto global (de un 8,5% en el 2010 a un 9,2% en el 2012), y se introduce a última hora, vía enmienda presentada por CC y el PSOE y aprobada en la Comisión de Presupuestos, una partida económica de 300.000 euros para la concertación del primer ciclo educativo de 0 a 3 años, que implica un avance en la privatización, pues la incorporación del alumnado al sistema educativo se realizará desde su inicio en la red privada.

Después de seis meses al frente de la Consejería de Educación, el equipo de don José Miguel Pérez, tras múltiples declaraciones públicas sobre su apuesta por la enseñanza pública y por el diálogo y la negociación, evidencia una práctica que no respeta estos principios.

Desde la primera reunión con el Consejero de Educación planteamos la necesidad de dar solución a temas tan urgentes como la situación del colectivo de interinos despedidos por una interpretación restrictiva del Decretazo; teniendo que recurrirse a la vía judicial, pues no ha habido respuesta.  El Plan de Sustituciones fue otra de las cuestiones puesta sobre la mesa desde la llegada del nuevo Equipo, haciendo, en la práctica, caso omiso ante la misma. En diciembre ya asistimos a la falta de nombramientos de sustituciones y la partida destinada a este capítulo en los Presupuestos del 2012 sigue teniendo una rebaja de 20 millones con respecto al año 2009. El nombramiento de sustituciones a tiempo parcial para plazas a tiempo completo o la existencia de vacantes y bajas no cubiertas a día de hoy, nos hace prever que el alumnado más desfavorecido continuará afectado negativamente por la aplicación del mal llamado “Plan de Sustituciones”.

Además, muchos otros temas requieren negociación urgente, y así lo hemos planteado constantemente:  decreto de listas de empleo, adjudicación de destinos, colectivos de escuelas rurales, aprendizaje idiomático (desarrollo del Programa CLIL y realidad de las EE.OO.II),   atención a la diversidad,   oferta educativa en FP y Adultos, obras en los centros, formación del profesorado, CEPS y  Programas de Innovación Educativa,  Acuerdo Marco de Escuelas Unitarias, organización y funcionamiento de los centros, revalorización de la función docente… Sin embargo, llevamos ya dos meses esperando la convocatoria de una Mesa Sectorial.

Estrenamos el año 2012 recordando viejas prácticas de falta de información y transparencia en los primeros nombramientos realizados. Y lo hacemos, también, con un profundo silencio de la Consejería ante las declaraciones realizadas por el Gobierno Estatal sobre las Reformas que pretende poner en marcha en Educación: reducción de un año de la ESO y ampliación del bachillerato a tres (puerta abierta a nuevas concertaciones), autoridad educativa… y sobre la limitación a la Oferta de Empleo Público aprobada por este Gobierno.

El STEC-IC considera inadmisible que la Consejería de Educación no haya clarificado ya su posición sobre la convocatoria de Oposiciones para el año 2012, no haya dado solución a algunos de los problemas heredados (profesorado de las Listas de Empleo despedidos, plan de sustituciones, auxiliares de inglés no contratados…), y que aún no haya consensuado y puesto en marcha  un Calendario de Negociaciones con las organizaciones sindicales.

Insistimos, apostar por la continuidad, dejando de lado la requerida coherencia respecto a planteamientos pasados de los que ahora sustentan la Consejería de Educación, supone seguir ahondando en la más que preocupante situación de la educación canaria. Difícilmente podremos superar a medio plazo las notables deficiencias existentes en nuestro Sistema Educativo (caracterizado por contar con una de las tasas de fracaso escolar más altas del estado y de la Unión Europea) si, definitivamente, no existe el compromiso de colocar a la Educación Pública en el lugar que le corresponde, tal como ha reclamado reiteradamente el conjunto de la Comunidad Educativa y la sociedad canaria en general.
 

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