El 10% fijado por los gobiernos central y canario para reponer los puestos docentes que quedan vacantes complica la posibilidad de convocar oferta de empleo público en las Islas, según sospechan los sindicatos. El año pasado no se celebraron oposiciones a maestro porque la Administración solo habilitó 59 plazas.
Pese a las buenas intenciones de la Consejería de Educación, Canarias puede pasar un segundo año consecutivo sin oposiciones en la enseñanza. Aunque el titular del departamento, José Miguel Pérez, ha expresado su interés en convocar oferta de empleo público en Secundaria, incluso más allá de la tasa de reposición de vacantes -fijada para el personal docente en el 10% tanto por los presupuestos de la Comunidad Autónoma como por el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy-, las restricciones que se esperan por parte del Ejecutivo central dificultan la celebración de oposiciones. Cabe recordar que el año pasado, con un cupo ligeramente inferior al esperado para este año -entonces fueron 59 plazas y ahora se calcula un máximo de ochenta-, se paralizó la oferta de empleo en el cuerpo de maestros.
Aunque no existen aún cifras oficiales, sí que hay datos que indican que el número de profesores de Secundaria que se jubilaron, fallecieron o solicitaron excedencia en 2011 se situó entre los 700 y los 800, de manera que el volumen de plazas que pueden habilitarse en oposiciones debe oscilar entre 70 y 80.
La Administración educativa canaria no ha respondido aún a los representantes del profesorado si finalmente habrá oposiciones, entre otras razones porque no ha convocado la Mesa Sectorial de Educación -el órgano de negociación con los sindicatos- que tenía previsto organizar en diciembre y que probablemente tendrá lugar a mediados de enero.
"El Gobierno central no solo ha establecido la tasa de reposición en el 10%, sino que también ha advertido de que no se repetirá lo que sucedió el año pasado en Andalucía y otras comunidades autónomas, que convocaron más plazas de las permitidas", apunta José Ramón Barroso, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Canarias.
El dirigente sindical sospecha que a la Consejería de Educación "no le valdrá la pena" ni le resultará económicamente rentable celebrar las oposiciones con un volumen tan reducido de puestos. Esta sospecha se fundamenta, además, en la complejidad añadida que representa la Secundaria respecto al cuerpo de maestros, en cuanto a que hay que dividir las plazas entre "un montón de especialidades".
Pese a las complicaciones, el sindicato ANPE insiste en la necesidad de que se lance "una amplia oferta de empleo público docente, y no un volumen irrisorio de plazas". Para ello, su portavoz, Pedro Crespo, insta a estudiar las posibilidades que proporciona la normativa y a contemplar la acumulación de la tasa de reposición de 2010, dado que entonces no se celebraron pruebas de acceso a la función pública en la enseñanza, y sumarla a la de 2011.
Crespo -muy crítico con el retraso de la Mesa Sectorial en la que deben tratarse esta y otras cuestiones- esgrime el argumento de que la sustitución del personal vacante no comporta ningún coste extra y redundará en la estabilidad de las plantillas.
Por su parte, Docentes de Canarias-Insucan ya ha dejado claro su postura contraria a la celebración de oposiciones, al menos mientras la normativa autonómica no recoja soluciones para los interinos con tiempo de servicio, perjudicados, en su opinión, por el decreto que regula las listas de empleo. En contra de lo que plantea ANPE, esta organización asegura que la tasa de reposición no utilizada pueda ser acumulable de un año a otro.
Aunque no existen aún cifras oficiales, sí que hay datos que indican que el número de profesores de Secundaria que se jubilaron, fallecieron o solicitaron excedencia en 2011 se situó entre los 700 y los 800, de manera que el volumen de plazas que pueden habilitarse en oposiciones debe oscilar entre 70 y 80.
La Administración educativa canaria no ha respondido aún a los representantes del profesorado si finalmente habrá oposiciones, entre otras razones porque no ha convocado la Mesa Sectorial de Educación -el órgano de negociación con los sindicatos- que tenía previsto organizar en diciembre y que probablemente tendrá lugar a mediados de enero.
"El Gobierno central no solo ha establecido la tasa de reposición en el 10%, sino que también ha advertido de que no se repetirá lo que sucedió el año pasado en Andalucía y otras comunidades autónomas, que convocaron más plazas de las permitidas", apunta José Ramón Barroso, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Canarias.
El dirigente sindical sospecha que a la Consejería de Educación "no le valdrá la pena" ni le resultará económicamente rentable celebrar las oposiciones con un volumen tan reducido de puestos. Esta sospecha se fundamenta, además, en la complejidad añadida que representa la Secundaria respecto al cuerpo de maestros, en cuanto a que hay que dividir las plazas entre "un montón de especialidades".
Pese a las complicaciones, el sindicato ANPE insiste en la necesidad de que se lance "una amplia oferta de empleo público docente, y no un volumen irrisorio de plazas". Para ello, su portavoz, Pedro Crespo, insta a estudiar las posibilidades que proporciona la normativa y a contemplar la acumulación de la tasa de reposición de 2010, dado que entonces no se celebraron pruebas de acceso a la función pública en la enseñanza, y sumarla a la de 2011.
Crespo -muy crítico con el retraso de la Mesa Sectorial en la que deben tratarse esta y otras cuestiones- esgrime el argumento de que la sustitución del personal vacante no comporta ningún coste extra y redundará en la estabilidad de las plantillas.
Por su parte, Docentes de Canarias-Insucan ya ha dejado claro su postura contraria a la celebración de oposiciones, al menos mientras la normativa autonómica no recoja soluciones para los interinos con tiempo de servicio, perjudicados, en su opinión, por el decreto que regula las listas de empleo. En contra de lo que plantea ANPE, esta organización asegura que la tasa de reposición no utilizada pueda ser acumulable de un año a otro.
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