Los 21 ayuntamientos de Gran Canaria tienen 347 plazas de policía local sin cubrir, esto es, casi uno de cada cuatro, y se le avecina la jubilación anticipada de otros 134 funcionarios, cuando entre en vigor una nueva ley. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO) presenta en el Parlamento de Canarias una enmienda al presupuesto para que el Gobierno regional centralice las oposiciones de los municipios, y reducir de esta forma a la mitad los trámites de selección, que se llegan a alargar un año y medio hasta la incorporación final de los agentes.
Casi la mitad de los municipios grancanarios cierra por la noche sus cuartelillos porque faltan efectivos para cubrir los turnos las 24 horas, y algunos en ocasiones lo hacen hasta en horario de tarde y fines de semana, para cuadrar esos turnos de trabajo. Algunos alcaldes han venido alegando que las restricciones presupuestarias estatales les impedía reponer las plazas libres. Sin embargo, estas limitaciones, según el sindicato, cambiaron hace dos años, cuando se permitió la reposición del 100% de las plazas y ya para este año 2018 incluso se han elevado hasta el 115% las contrataciones. Por eso, cuestionan que sigan sin celebrarse oposiciones, "poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos y también la nuestra", según Carlos Lemes, representante de la Agrupación de la Policía Canarias de CCOO, que aclara también que esas plazas de funcionarios están dotadas económicamente en sus presupuestos porque estaban ya creadas. La solución ante estas limitaciones es desviar servicios a otros cuerpos policiales, que también sufren problemas similares.
Las plantillas de las policías locales de los 21 municipios están formadas por 1.462 funcionarios. Y en estos momentos están vacantes 347. Pero el problema se acrecentará el próximo año, cuando podrían retirarse otros 139 empleados más (un 9,5%) sobre las plantillas actuales de la Isla con la nueva normativa, pendiente de aprobarse por el Consejo de Ministros. Todo esto supondría 487 plazas sin ocupar (el 33% del total), quedándose en un ratio de apenas 1,11 policías locales por cada millar de habitantes en la Isla, "el más bajo de Canarias".
Si miramos ese ratio medio recomendable por habitante, el problema es más acuciante. Los alcaldes tendrían que habilitar otras 500 nuevas plazas en sus respectivas plantillas para ponerse en unos estándares ideales.
Carlos Lemes apunta que hay municipios como San Bartolomé con una carencia muy acuciante, pese a ser un destino turístico de primer nivel, porque ni siquiera tiene unas oposiciones en marcha. Así como Las Palmas de Gran Canaria, ya que si bien ha sacado 90 plazas, 60 funcionarios se podrían jubilar el próximo año. Al igual que Telde, con casi tres de cada diez plazas vacantes, a lo que se sumará el retiro de 17 más en 2019. Y también el norte de Gran Canaria.
El sindicato reconoce que además de la capital hay municipios que han empezado a convocar oposiciones, como Santa Lucía y Guía, pero recuerda que el trámite de selección se alarga cerca de año y medio, ya que tras el proceso burocrático y las distintas pruebas que deben superar los aspirantes, los aprobados deben pasar el periodo de formación, que dura casi cuatro meses.
Por este motivo, ha presentado una enmienda al Parlamento de Canarias para que en el presupuesto del próximo año los ayuntamientos deleguen en la Comunidad Autónoma el proceso de selección. El reto es reducir los costes económicos de las oposiciones y los plazas vacantes, liberando a los municipios de este proceso. A su vez, el sindicato promueve que el curso selectivo para ingresar en las escalas y empleos se pueda impartir en un 80% de forma telemática, recibiendo así su formación en el puesto de trabajo.
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