Carlos Arcay. | FRAN PALLERO
“Estudié Derecho porque creo que un juez puede cambiar las cosas, puede incidir en la vida de las personas”. Carlos Arcay tiene 22 años, está en tercero de carrera y su expediente acredita una media de notable. Le queda un curso para terminar el grado en la Universidad de La Laguna (ULL). Ya sabe qué quiere hacer después, pero no si podrá. Para acceder a la carrera judicial no se necesita solo vocación, templanza y cabeza; también mucho dinero. Cada egresado de Derecho que decide opositar para juez o fiscal emplea de media cuatro años y ocho meses. Algunos más tiempo, otros menos. De ellos, muchos nunca lo consiguen. Durante ese tiempo no hay vacaciones ni festivos, solo un horario de cerca de nueve horas al día y la certeza de que la relación más importante de tu vida será con tu preparador. Eso, claro está, si el aspirante cuenta con una familia que pueda respaldar económicamente su decisión. No hay becas ni ayudas de ningún tipo para los que no tienen recursos.
Carlos Arcay es un alumno de beca: por notas y por ingresos familiares. Desde el primer año de carrera supo cómo quería enfocar su vida profesional. Por eso no ha cesado en su empeño de buscar fórmulas para financiar su sueño. Hasta 2010 existían algunas líneas de ayuda para los opositores que otorgaban el Ministerio de Justicia y, en el caso de Canarias, la Consejería competente. Con ese dinero se podía hacer frente al gasto de los libros y al pago de los preparadores, jueces que te forman durante ese período y, obviamente, cobran por ello. También se incluía el sobrecoste de la insularidad: los viajes a Madrid. Los exámenes -hoy son tres cada vez que uno se presenta- tienen lugar en el Tribunal Supremo. Tanto la administración estatal como la autonómica han confirmado a este diario que las ayudas que existían entonces han desaparecido. “La Escuela Judicial sufragaba parte de los gastos hasta 2011, pero ya no hay nada de eso”, lamenta Arcay.
Cada año salen entre 100 y 140 licenciados en Derecho de la Universidad de La Laguna (ULL), según datos del Gabinete de Análisis y Planificación (GAP) del centro. Con la licenciatura debajo del brazo, las opciones son muchas, pero suelen concentrarse en dos: opositar o ejercer como abogado.
Carolina Díaz, jueza del juzgado de lo Penal número 2 en Santa Cruz de Tenerife, aprobó las oposiciones en 2003, cuando solo tenía 27 años. Consiguió superar las pruebas de acceso al tercer intento y solo después de cuatro años, período inferior al que marca la media estadística. “A veces miro hacia atrás y no sé cómo lo hice”, reconoce. Su madre y su tía le han contado que desde que era pequeña decía que de mayor quería tener una bata negra y un martillo. Ella no se acuerda de cuándo comenzó exactamente su vocación, pero sí que desde mucho antes de acabar la educación obligatoria sabía que quería ser jueza. El verano que terminó sus estudios de Derecho en la ULL conoció al que hoy es su marido. “Le advertí de que en octubre comenzaba a prepararme las oposiciones”, recuerda. Después de esos tres meses de asueto, ya no hubo tiempo para nada. “Elegí al preparador más duro”. Con él no había vacaciones, ni navidad, ni fechas especiales. Todos los días repetía la misma rutina: se levantaba a las ocho de la mañana, media hora después estaba sentada estudiando, descansaba dos horas y media para almorzar y volvía a clavar los codos hasta los nueve o nueve y media. Carolina decidió casarse con su marido mientras estudiaba y él tuvo que ir a hablar con su preparador. La concesión, cinco días de luna de miel.
Javier Vara. | F. P.
Durante este tiempo se examinó hasta en tres ocasiones en el “imponente” Tribunal Supremo. No ha olvidado ese edificio que tenía “mucho mármol” y que tanto respeto le infundía. En su época las pruebas consistían en dos exámenes orales. Solo pasabas al segundo si superabas el primero. “Te ibas a Madrid y tenías que esperar para saber exactamente qué día te tocaba examinarte. Llamabas por la noche a un contestador del Supremo que decía quiénes tenían que acudir al día siguiente en función de cómo se había desarrollado la jornada, de cuántos se habían examinado y cuánto habían tardado, si habían empleado los 15 minutos para cada tema o no…”. Sabía cuándo llegaba a Madrid, pero no cuándo se iba. Todas las veces que fue a presentarse lo hizo porque sabía que tenía posibilidades. “Los de Canarias no podemos ir a tantear; es muy caro, eso lo hace la gente que vive cerca”. Cuando por fin aprobó aún le quedaba otro camino largo y obligatorio por recorrer. Un año en la Escuela Judicial de Barcelona y otro de prácticas en Tenerife. Apenas cobraba mil euros y mientras estaba fuera seguía necesitando ayuda económica. “Mi primera nómina de verdad la recibí en mi primer destino, Icod”. No tuvo que plantearse mudarse a otra isla o a la península porque quedó la número 15 de su promoción; tampoco renunciar a su sueño y ser fiscal porque se acabaran las plazas de jueces el día de la elección.
Javier Vara Pardo es juez del juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Icod de Los Vinos. Su caso es distinto al de Carolina. Natural de Cuenca, estudió la carrera y las oposiciones en Madrid. Era un estudiante de beca, pero no de sobresaliente. Su vocación apareció en tercero de carrera gracias a un profesor que era fiscal de la Audiencia Nacional. Solo entonces supo que quería ser juez.
Eligió Tenerife porque no tenía cargas familiares y le atraía el destino. Desde hace justo un año vive en Puerto de la Cruz y se desplaza cada mañana hasta la ciudad del Drago. Se sacó las oposiciones después de un intento fallido y en solo tres años y medio. Está de acuerdo con lo que cuenta Carolina: sin un apoyo económico es imposible ser juez. “No existen ayudas como para quienes deciden hacer un Doctorado”, apunta. “No hay igualdad de oportunidades”. Cuando él se preparó para los exámenes tenía que pagar una cantidad mensual a su preparadora, además de más de cien euros por cada uno de los más de diez libros necesarios. “Gracias al apoyo económico de mis padres afronté con garantías la dura oposición”. Por fortuna, consiguió superarla y aquel estudiante hizo de su vocación una profesión. “No es cierto que solo los alumnos de matrícula de honor puedan ser jueces. Estoy convencido de que si tienes un sueño debes perseguirlo”. Su lema es: “el agua penetra en la roca no por su fuerza sino por su constancia”.
La experiencia demuestra que los obstáculos no son las capacidades intelectuales sino las económicas. Eso es lo que cree el grupo Jóvenes Abogados en Movimiento de Tenerife, que exige un sistema de becas. “No podemos permitir que mentes brillantes no accedan a la carrera judicial por carecer de medios económicos. La inteligencia y el esfuerzo deben ser los únicos requisitos necesarios. El reto de estos tiempos radica en garantizar que los criterios de mérito y capacidad no se cumplan solo en los exámenes, sino también antes. Es otra forma de hacer justicia.
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