Buenas de nuevo, no se si sabéis pero ayer el gobierno publicó un decreto-ley sobre la nueva regulación de los servicios de control aéreo: liberaliza el servicio y modifica transitoriamente las condiciones laborales de los controladores, retirándoles las facultades de organización del trabajo y configuración operativa de los aeropuertos, entre otras medidas urgentes.
Bien, os traigo este reportaje, que es el más completo que he he encontrado y que explica como incide este decreto-ley así como las primeras reacciones al mismo (lo ha publicado
hosteltur y escrito por Diana Ramón Vilarasau):
El Consejo de Ministros se ha hecho cargo del caso controladores aéreos, dejado en manos de Fomento por AENA tras romper las negociones con el colectivo y, a propuesta del titular de ese ministerio, José Blanco, aprobó ayer un Real Decreto-Ley de aplicación inmediata que establece una nueva regulación de los servicios de control aéreo: liberaliza el servicio y modifica transitoriamente las condiciones laborales de los controladores, retirándoles las facultades de organización del trabajo y configuración operativa de los aeropuertos, entre otras medidas urgentes.
Después de años de negociaciones y pactos temporales con los controladores esta semana Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) se levantó de la mesa de negociaciones, dejó el cambio de las condiciones laborales del colectivo en manos de la Dirección General de Aviación Civil para que Fomento se hiciera cargo y, finalmente, el Consejo de Ministros lo ha hecho de un plumazo, aludiendo a la necesidad de “garantizar la seguridad, eficacia, continuidad y sostenibilidad económica financiera de la prestación del servicio” y previendo que la situación creada pueda provocar complicaciones en el tráfico aéreo a partir del 1 de abril, cuando coincidía la finalización del actual convenio colectivo con el inicio de la Semana Santa.
AENA, 'atada de manos'
El Gobierno argumenta la necesidad de este Real Decreto-Ley basándose, en primer término, en las obligaciones impuestas por la normativa europea a los proveedores de servicios de navegación aérea y porque, con el sistema actual, AENA no podía dar garantía de su cumplimiento, debido a que el Convenio Colectivo de 1999 vigente le otorga a los controladores las facultades de organizar el trabajo y los que deciden asuntos vitales como la configuración operativa de los aeródromos, de sus instalaciones y servicios técnicos, la fijación del personal necesario y la organización de los turnos de trabajo, horarios y descansos.
Destacan que también afectan la actuación de AENA el "incremento desmedido" de las retribuciones de los controladores contempladas en ese convenio, elevando los costes de navegación aérea del país por encima de la media europea; así como la posibilidad de que los controladores puedan pasar a situación de inactividad al cumplir 52 años, de forma voluntaria y automática y conservando sus ingresos.
Finalmente, destaca el Gobierno que la situación no sólo pone en riesgo la prestación del servicio de control aéreo sino a “la totalidad de un sector vital para la economía española, pues de él depende en gran medida la principal industria nacional: el turismo, teniendo en cuenta que tres de cada cuatro turistas utilizan el transporte aéreo".
Liberalización del control aéreo
En concreto, a través el real decreto-ley, el Gobierno establece una nueva regulación de los servicios de control de navegación aérea en España que abre a nuevos proveedores certificados.
La normativa implica, entre otras medidas, la selección de nuevos proveedores de servicios de control en aquellos aeropuertos que se determinen; la implantación inmediata, previos los correspondientes estudios de seguridad, de los servicios automatizados AFIS, que prescinde del servicio de controladores, en aquellos aeropuertos de menor volumen de tráfico; al tiempo que se decreta la modificación transitoria de las condiciones laborales de los controladores mientras se implementa la reforma, lo que incluye la reducción de las horas de trabajo extra anuales que se mantenían en el convenio firmado en 1999, de 600 a 80.
Igualmente, el decreto establece las obligaciones exigibles a todos los proveedores de servicios, entre ellos a AENA, y las facultades necesarias para que asuman el control del servicio y garanticen su prestación “de forma segura, eficaz, continuada y económica y financieramente sostenible”; tengan la atribuciones de su organización, planificación, dirección, gestión y supervisión de los servicios de control; establece algunas especialidades de la relación laboral del personal dedicado al control del tránsito aéreo con el objetivo de garantizar la seguridad.
Además de estas actuaciones, se disponen algunas medidas urgentes como la aprobación inmediata de planes de formación para habilitar nuevos controladores, destinados preferentemente a pilotos u otro personal del sector aeronáutico de forma de acortar el periodo de capacitación; certificación de nuevos proveedores de servicios mediante un procedimiento preferente y simplificado y certificación como proveedores de formación de servicios AFIS a los actuales proveedores de formación de control.
Los controladores alertan
Tras la promulgación del decreto-ley, la primera reacción de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha sido expresar su rechazo por la decisión impositiva que ha tomado el Gobierno y alertar acerca del grave precedente que una situación como ésta podría suponer para el marco jurídico laboral de los trabajadores del país, y por ello espera que los sindicatos mayoritarios muestren su total rechazo a este tipo de actuaciones impositivas. También anuncian que recurrirán a los tribunales.
Destacan que la situación viene a confirmar la ausencia total de voluntad negociadora por parte de AENA y del Ministerio de Fomento en los últimos meses, en contra de lo que públicamente han venido anunciado de forma reiterada.
"El verdadero fin de AENA, como ahoa se demuestra, era la imposición de un nuevo marco laboral a los controladores, despreciando así cualquier vía legal de negociación", puntualizan.
Por su parte, el Sindicato Independiente de Profesionales del Control Aéreo (SPICA) ha calificado de "grave atentado al Estado de Derecho" el Real Decreto aprobado por el Gobierno para liberalizar la gestión del control de la Navegación Aérea; según ha expresado el vicesecretario general del sindicato, Roberto Huerta. También ha mostrado sus dudas de que el texto, que aún tiene que estudiar en profundidad, sea aprobado por el Parlamento.
También UGT y CC OO expresan su preocupación porque el Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministro pueda "sentar un precedente" y se extienda a otros colectivos
Desde UGT calificaron el decreto de "completa vulneración" al convenio colectivo de los controladores y avanzó que el sindicato liderado por Cándido Méndez planea acciones legales para recurrir dicha medida. "A partir de ahora cualquier trabajador puede ver que su convenio con la Administración se rompe por decreto", señaló.
Desde UGT lamentaron la "improvisación" del titular de Fomento, José Blanco, y del presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, a quienes acusaron de "pensar sólo en subrogar los contratos de los controladores. Si no les gusta lo que negociamos ¿volverán a recurrir a un decretazo?", se preguntaron manifestando desconfianza.
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