La convocatoria de oposiciones en el sistema educativo del Archipiélago llega con doble sorpresa: no gusta ni siquiera a los representantes sindicales de los trabaja dores y además, conlleva la renuncia a realizar oferta de empleo público en otras áreas de la Administración canaria. La normativa estatal fija que las oposiciones deben convocarse en función de las jubilaciones de los funcionarios y la fórmula adoptada por Canarias ha sido sumar las plazas a amortizar en todas las áreas y ofertar solo en aquella que lo requiera, en este caso, el sistema escolar.
El director general de Personal de la Consejería de Educación, Carlos Quesada, aseguró que esta situación implica la no celebración de pruebas ni en Sanidad ni en la Administración general, que junto con Educación son las que han tenido jubilaciones estos ejercicios.
"Hemos esperado a tener la cifra necesaria para convocar las pruebas", dijo Carlos Quesada, quien añadió que el proceso comenzará el próximo 21 de junio. La intención es que los docentes e inspectores se incorporen al sistema educativo el próximo curso escolar 2013/14.
En concreto se convocan 138 plazas (59 vacantes docentes, 35 de la administración general y 44 de Sanidad) que "de otra manera se perderían", dijo el director general de Personal, quien insistió en que el sistema educativo de Canarias lleva "cuatro años sin oposiciones y en esta ocasión había que aprovechar el momento". La decisión del Gobierno de Canarias no ha sido del agrado de los sindicatos docentes, que argumentan por un lado que la prioridad del Ejecutivo debe ser la estabilidad del profesorado interino y sustituto y, por otro, que las pruebas han sido convocada con poco margen de tiempo para los opositores.
Al respecto, Quesada indicó que "en 2009, último año en que hubo oferta de empleo público, se realizó la convocatoria el 31 de marzo" y sentenció que "este año solo han sido cuatro días más tarde". Además, el director general de Personal rechazó que la falta de preocupación por el profesorado en listas. "Nuestra intención es lograr un equilibrio entre la estabilidad de las plantillas a través de las oposiciones y la seguridad de nuestros empleados a través de la regulación de las listas de interinos", explicó el director general.
Ambas cuestiones motivaron una reunión ayer entre la Consejería de Educación, representada por la viceconsejera Manuela Armas, y el propio Carlos Quesada, y los principales sindicatos del sector educativo. En la cita, los representantes de los trabajadores trasladaron sus demandas ya no sobre la oferta de empleo público sino sobre todo en torno a la reordenación de los interinos.
Los sindicatos recordaron que los criterios para organizar las listas, establecidos en un decreto, fueron recurridos y ganados judicialmente. El Gobierno de Canarias decidió recurrir al Tribunal Supremo esa decisión de la justicia canaria, por lo que la regulación de momento queda igual.
Sin embargo, ambas partes coincidieron en que la baremación actual, que suma la nota de la oposición y la experiencia docente, no es suficiente y hay que añadir más criterios. Entre ellos, los sindicatos solicitaron que se incluya un tercer criterio en el que se valore la formación realizada por el profesional. "En un principio estamos dispuestos a incluir este criterio pero tiene un encaje difícil", explicó Quesada.
Fue el único logro obtenido ayer por los sindicatos, que al término de la reunión lamentaron que la Administración educativa no diera una respuesta definitiva sobre otros planteamientos. En ese sentido, el portavoz de STEC, Gerardo Rodríguez, entendió que la baremación debe atender también a la evaluación de la práctica docente. "La ordenación actual es insuficiente y creará una importante inseguridad jurídica, sobre todo después de las oposiciones que se han empeñado en convocar", lamentó Rodríguez, quien aseveró que se ha propuesto realizar un pacto de estabilidad del profesorado similar al que existe en Andalucía "y se han negado en rotundo, aún siendo del mismo partido".
Por su parte, el portavoz de CCOO, José Ramón Barroso, lamentó que la Administración hiciera caso omiso de su petición de suspender las pruebas. "Planteamos dos cosas sin respuesta: la apertura anual de las listas y su ordenación cuando haya oposiciones y la recuperación de los compañeros que se vieron fuera de ellas después del decretazo", concluyó.
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