Los opositores de Educación en Canarias han mostrado su malestar por los resultados de las últimas pruebas del cuerpo de profesores en el archipiélago. Con el apoyo de los sindicatos, algunos de los perjudicados han impulsado una campaña en la plataforma Change.org para recoger firmas después de conocerse el alto porcentaje de no aptos en las pruebas. Casi 3.200 personas han firmado la campaña por un ingreso «más justo y ecuánime».
«Las recientes pruebas relativas al concurso de oposiciones 2018 para el ingreso al cuerpo de profesores de secundaria en Canarias y la publicación de las calificaciones de la primera fase, han sido protagonistas en estos días por poner de manifiesto un alto porcentaje de no aptos. Esto nos impulsa, como demandantes de empleo estable y opositores a cuerpos del estado, a crear una demanda que exprese el sentir de todos aquellos aspirantes y docentes que lo han vivido, tras una serie de vejaciones y obstáculos (veáse problemas con la inscripción telemática y número de excluidos) por parte de un sistema de ingreso que nos arrebata la dignidad como demandantes de empleo público. No solo la dignidad, sino también la oportunidad de alcanzar la meta de todo docente o aspirante, que le permitan dar clases con unas condiciones laborales estables», reza la solicitud de los docentes en la plataforma.
«Un sistema de ingreso ineficiente»
La denuncia pública de los opositores cuestiona todo el proceso, comenzando por la selección inicial. «Si atendemos a la falta de rigurosidad en el principal objetivo de «seleccionar a los mejores docentes», ocurre que califican nuestra aptitud como docentes mediante unas pruebas de por sí obsoletas si nos ajustáramos al modelo de docente por el que abogan las pedagogías contemporáneas de la actual Sociedad de la Información (esa dónde se enmarca el uso de las Tic). Es decir, unas pruebas basadas en la memorización de temarios publicados hace lustros, que en muchos casos exceden, muy por encima, los conocimientos necesarios para impartir docencia en Secundaria. Y pruebas prácticas o supuestos prácticos cuyos enunciados rozan lo enigmático, complicándonos la realización de los mismos por la falta de tiempo para la realización. En la reciente convocatoria 2018 tuvimos que resolver ambas pruebas (antes independientes) en 4.30 horas de examen, dándose casos en concreto como la especialidad de «Dibujo», donde se unió la prueba de Dibujo técnico con el tema a desarrollar, sin poder tener un descanso de por medio, y en unas infames condiciones de comodidad», denuncian en su escrito.
Falta de claridad del procedimiento
«Para continuar, el sentir general de los opositores es el de haber formado parte de una suerte de concurso opaco y falto de rigurosidad en las calificaciones, dónde han aplicado un estricto y altísimo rasero, que queda reflejado en el escaso número de aprobados y la extraña sincronicidad de esos números entre los tribunales; así como el hecho de que las reclamaciones en su mayoría han sido desestimadas. Este proceso de reclamaciones no ha sido presencial, sin poder atender a la valoración del examen en cuestión y en detalle, tan solo solicitarlas vía formal escrita y resueltas o desestimadas a puerta cerrada», prosigue la queja de los perjudicados.
Hablan de una «escabechina o masacre» sobre la criba
«Y es ésta, llamémosle «escabechina o masacre» a nivel estatal (a expensas de una explicación más lógica y esclarecedora fruto de una investigación más profunda), ¡Un hecho qué nos indigna!, ya que resulta evidente que pudiera formar parte de una estrategia, por parte de las administraciones y consejerías de las comunidades autonómicas, para ajustar los resultados a unas necesidades de las administraciones, en directa relación con las plazas ofertadas. Una convocatoria irrespetuosa e indigna, dónde desde la complicidad en las negociaciones de la mayoría de los sindicatos, en cuanto a la negociación de plazas a convocar, fechas y condiciones de las pruebas; hasta la hora de acatar los baremos y criterios de calificación, con devastador rasero, por parte de los tribunales. Huele a sucio», denuncian en su escrito de Change.org los opositores.
Apoyo de los sindicatos
Los denunciantes, que han recibido en las últimas horas el apoyo de los sindicatos y miles de ciudadanos que han firmando la campaña, afirman que en lugar de unas pruebas de empleo público parece un negocio para las administraciones. «Y es que no son unas pruebas de calidad que se ajusten al precio de la inscripción: 70 euros; más bien parecen un negocio, una forma de financiación a base de los que demandamos contratos públicos. No es un sistema justo y ecuánime, y está muy lejos de ese sistema de ingreso «riguroso y objetivo» que nos venden en la resolución de la convocatoria», manifiestan, para concluir exigiendo unas pruebas dignas y justas.
«Por estos motivos, y un sin fin de experiencias de opositores en Educación, exigimos la dignidad de los opositores, a través de la demanda de unas pruebas más justas y ecuánimes. Es decir, consensuadas entre los actores implicados atendiendo con especial respeto a los derechos de los demandantes de empleo. Un sistema de ingreso más coherente con la calidad de los recursos humanos (docentes) que pretenden seleccionar para la educación pública. Cuyas pruebas estén adaptadas al modelo de docente que queremos para el futuro, no el modelo caduco en el que fueron diseñadas», concluyen los opositores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario