El sindicato STEC-IC demandó ayer que se incremente la plantilla del profesorado en Canarias en unos 2.000 docentes para así alcanzar la media estatal en número de profesores. La organización sindical señala en un comunicado que la Ley Canaria de Educación aprobada en 2014 establece que el presupuesto educativo deberá incrementarse progresivamente todos los años para poder alcanzar en 2022 el objetivo de inversión del 5% del PIB establecido en dicha Ley. Por ello, el presupuesto en Educación para 2017 tendría que haberse incrementado en unos 372 millones de euros.
Asimismo, ha asegurado que con la aprobación por el Consejo de Gobierno de Canarias de un crédito extraordinario de 340 millones de euros de los cuales, 48 millones irán destinados al área de Educación, el Gobierno de Canarias sigue muy lejos de cumplir con lo establecido en la propia Ley Canaria de Educación.
El STEC-IC ha mostrado su "moderada satisfacción" por la reciente aprobación de este crédito extraordinario, sin embargo, ha señalado, no es menos cierto que aún siendo positivo dicho incremento presupuestario, "Canarias sigue padeciendo un profundo déficit inversor en materia educativa".
El sindicato se muestra crítico con el anunció "a bombo y platillo" por parte de la Consejería de Educación de diversas medidas para el curso próximo que si bien pudieran resultar positivas "ni de lejos vienen a paliar el profundo déficit de recursos y plantillas que padece el sistema educativo, producto del abandono sistemático, especialmente en materia presupuestaria, que ha sufrido durante los últimos años".
Además, el STEC-IC ha alertado públicamente de las intenciones de la Consejería de Educación de establecer convenios con entidades privadas para la introducción en el sistema público del nuevo personal anunciado, como educadores sociales o terapeutas ocupacionales, entre otros.
Para el sindicato, la necesaria presencia de este personal no docente en el ámbito educativo es una demanda histórica del STEC-IC, al igual que ocurre con otro personal cualificado no docente como trabajadores sociales, intérpretes de lenguaje de signos y auxiliares clínicos.
Sin embargo, ha considerado que la contratación de este personal debe estar estrictamente sujeta a los principios constitucionales de "igualdad, mérito y capacidad", por lo que solo cabe implementar las correspondientes listas de empleo públicas para su posterior contratación o, si la urgencia para el próximo curso lo requiere, la contratación a través del Servicio Canario de Empleo con estricta transparencia. En ningún caso las contrataciones previstas pueden hacerse mediante convenios con entidades no públicas, señala el sindicato.
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