La Comunidad Autónoma podrá convocar en 2016 la mayor oferta de empleo público en cinco años al poder cubrir el 100% de las bajas de empleados públicos que se produzcan este año por jubilaciones, fallecimientos y otras causas. Desde 2011 la tasa de reposición se redujo drásticamente hasta el 10% debido a la crisis y a la necesidad de las administraciones de reducir el déficit público. Después de tres años consecutivos de sequía de convocatoria de oposiciones, este año se incrementó la tasa al 50%, mientras que para 2016 el Estado autoriza llegar al 100% en los servicios públicos prioritarios.
La Dirección General de Función Pública confirmó ayer a los representantes sindicales del personal de la Comunidad Autónoma que en la ley de presupuestos autonómicos de 2016 se recogerá esta convocatoria, que se realizará a mediados de año. Este año con el 50% de la reposición se convocaron 141 plazas de nueva creación en la Administración General, lo que supone que en 2016 se pueden convocar hasta el doble, unas 300, además de las que se desarrollen en Educación y Sanidad.
Este anuncio se produce cuando ni siquiera están publicadas las bases de la convocatoria de empleo de este año, cuyas pruebas se celebrarán en los primeros meses de 2016.
Por otro lado, el Ejecutivo abonará el 26% de la paga extra suspendida en 2012 a los empleados públicos en diciembre, según las estimaciones realizadas por la Administración. La ley de crédito extraordinario que llevará Hacienda al Parlamento para habilitar los fondos para abonar esta paga se aprobará en noviembre, pero es muy probable que no se pueda abonar hasta diciembre. Para el resto, el 50% del total, se valorará primero la disponibilidad presupuestaria de la Comunidad Autónoma el próximo año, aunque en las cuentas autonómicas de 2016 no habrá una partida específica para esta devolución.
Lo que sí fijará el Ejecutivo regional en el presupuesto que ultima para el próximo año es el incremento de las retribuciones de los empleados públicos en un 1%, lo que supondrá un gasto de 28 millones de euros, según confirmó el consejero de Presidencia y Justicia, Aarón Afonso. El titular de Función Pública recuerda que este porcentaje es el máximo autorizado por el Estado y que hay comunidades autónomas que no lo podrán realizar por sus dificultades financieras y de control del déficit.
Los representantes de los trabajadores, entre ellos el portavoz del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Manuel González, insistieron en la necesidad de recuperar todos los derechos que han sido suspendidos en los años de crisis. Entre otras cuestiones, el presupuesto no contempla las aportaciones al plan de pensiones de la Administración pública, mientras que en el Fondo de Acción Social sólo se imputarán los gastos derivados de las pólizas de seguros que cubren los riesgos de fallecimiento o invalidez.
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