La política de recortes se impone. El tijeretazo en los gastos por parte de las administraciones ha provocado el despido de 1.872 empleados públicos en Canarias sólo en el último año. La pérdida de puestos de trabajo en este sector ha corrido como la pólvora en todo el país, donde 2.576.746 personas prestan servicio en las instituciones, 109.091 menos que en el año anterior, es decir, una reducción de la plantilla del 4,06%.
Según los datos del último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que elabora el Ministerio de Hacienda, el número de empleados públicos registrado en el Archipiélago en enero de 2013 asciende a 122.665, frente a los 124.537 del mismo mes del 2012, por lo que ha caído un 1,5%.
Del informe de Hacienda se desprende una disminución importante en la plantilla de las administraciones públicas, que viene a asimilarse a las cifras de 2007. Paradójicamente desde el inicio de la crisis el capítulo 1 de personal de las entidades no ha parado de crecer, al pasar de los 123.487 trabajadores en el año 2007 hasta llegar a los 132.908 chequeados en enero del 2011. De hecho, la mayor caída se produjo durante ese año, en el que 8.371 personas quedaron en el paro, según recoge el informe estatal que data de enero de 2012.
El impacto de los ajustes presupuestarios ha afectado fundamentalmente en la administración autonómica, cuya maquinaria ocupa a 59.948 trabajadores, 1.919 menos que en enero de 2012. Si bien la cifra total ha aumentado en 3.093 personas respecto a 2007.
Los siguientes en apretarse el cinturón han sido los ayuntamientos y cabildos isleños, en los que actualmente hay 32.549 empleados, 462 menos en la comparativa interanual. En todo caso, llama la atención que han sido las corporaciones locales las que más han adelgazado sus plantillas desde 2007, en la medida en que desde ese ejercicio hasta ahora han perdido 7.623 recursos humanos.
Por el contrario, curiosamente, pese a que el Gobierno central predica la disciplina de rebajar el grueso de nóminas públicas, el aparato administrativo del Estado se ha engordado en 462 personas hasta situarse en 25.543, que, asimismo, representan 2.495 funcionarios más que los inscritos en enero de 2007 en los estudios del Ejecutivo.
Además, la plantilla ligada a las universidades canarias se ha incrementado en 47 trabajadores hasta alcanzar 4.625 el pasado mes de enero, que suponen 1.213 más que hace seis años.
Las razones
Varias son las causas que influyen en el descenso de capital humano en el ámbito público en Canarias. Entre ellas destaca la ejecución de los planes de viabilidad aplicados en empresas dependientes del Ejecutivo regional, que han desembocado en el despido de alrededor de medio millar de técnicos. Aparte de la reordenación del sector público empresarial, Sanidad amplió la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales. Esto comportó dejar de contratar a personal estatutario interino de bolsas de trabajo.
Igualmente, "se han dejado de cubrir las jubilaciones en los diferentes departamentos y las sustituciones de corta duración en Educación", destacó el secretario de Acción Sindical de Sepca, Manuel González, quien agregó que muchos profesionales en excedencia se han reincorporado a su plazas, con el consiguiente despido de quienes las ocupaban.
Las restricciones presupuestarias han implicado también la destrucción de puestos en los ayuntamientos, tales como en San Bartolomé de Tirajana, Gáldar y La Aldea de San Nicolás, estos dos últimos municipios a través de expedientes de regulación de empleo.
A ello se une que la tasa de reposición es cero. No se convocan oposiciones, salvo las recientes en Educación, en base a convocatorias de ofertas de empleo público de años anteriores y gracias a la cesión de plazas por Sanidad y la Administración General.
Respecto al alza de la plantilla en el Ejecutivo y las administraciones locales a pesar de la difícil coyuntura económica, los sindicatos lo atribuyen sobre todo a la incorporación de eventuales o de laborales que se han quedado como indefinidos por sentencia firme.
Aunque el Gobierno de Canarias se ha comprometido a no despedir a nadie y mantener los sueldos íntegros en 2014, los sindicatos no se fían. Sostienen que todo dependerá del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se fije la ampliación del objetivo de déficit a las autonomías. Si el porcentaje definitivo resulta inferior al 1,3% en el Archipiélago puede repercutir en la expulsión de trabajadores del sistema público.
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