EFE El Ministerio de Justicia no convocará oposiciones a jueces y fiscales en 2012, ejercicio para el que el presupuesto contempla un recorte del 6,3 por ciento, y revisará el sistema de justicia gratuita para evitar el fraude pero sin tocar el umbral de renta que determina el acceso a este beneficio.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, acompañado del secretario de Estado, Fernando Román, y del subsecretario Juan Bravo, ha presentado hoy las líneas generales de los presupuestos asignados a su departamento para 2012, que a pesar de la austeridad "no pondrán en peligro" ninguna partida esencial para el buen funcionamiento de la Justicia.
Una de las novedades anunciadas es que no se convocarán oposiciones en la carrera judicial y fiscal hasta enero de 2013, cuando saldrán 35 plazas de jueces y 20 de fiscales, y los que salgan de la Escuela Judicial y el Centro de Estudios Jurídicos cubrirán plazas de interinos.
Ruiz-Gallardón ha reiterado que el escenario de crisis económica ha marcado las políticas de todos los ministerios y que Justicia asume la solidaridad con los objetivos fijados por el Gobierno con un presupuesto dotado de 1.574 millones de euros, que representa una reducción del 6,34 por ciento respecto a 2011.
No obstante, el ministro ha insistido en que la crisis no será una excusa para no emprender los planes de modernización de la Administración de Justicia y ha garantizado que el ajuste no paralizará ninguno de los proyectos que ya están en marcha y que las reformas estructurales anunciadas se llevarán a cabo esta legislatura.
Así, ha destacado que se refuerza la justicia gratuita, cuya dotación se incrementa 2,3 millones de euros (un 7,22 por ciento) hasta alcanzar los 34,2 millones.
El ministro ha anunciado también que se revisará el acceso a este sistema, pero que en ningún caso "se bajará el umbral de renta que determina el beneficio de la asistencia gratuita", y que solo se establecerán nuevos mecanismos para comprobar la existencia real de este derecho y para perseguir el fraude.
A partir de 2013 este servicio se financiará con lo recaudado a través de las nuevas tasas judiciales aprobadas por el Consejo de Ministros, cuya cuantía puede ascender a 300 millones de euros si se mantiene el nivel de litigiosidad de años anteriores.
En este sentido, el ministro tiene previsto abrir un proceso de diálogo con las Comunidades Autónomas con competencias de Justicia para acordar la participación conjunta en la recaudación y lograr una gestión coordinada de la asistencia jurídica gratuita.
Aunque el mayor ajuste de los presupuestos se aplica al capítulo de inversiones, se mantienen los gastos ya contraídos y se destinan 60,3 millones de euros a programas de modernización e informatización, aunque también se revisará el modelo de oficina judicial.
Se garantizan, en concreto, los compromisos ya adquiridos en gastos de inversión e infraestructuras con un presupuesto total de 94 millones de euros, 34 para nuevas sedes judiciales o reformas de algunas ya existentes.
El recorte tampoco afecta al gasto en los servicios de violencia de género, con 45 millones de euros para los juzgados de violencia sobre la mujer, las fiscalías especializadas y unidades forenses.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, acompañado del secretario de Estado, Fernando Román, y del subsecretario Juan Bravo, ha presentado hoy las líneas generales de los presupuestos asignados a su departamento para 2012, que a pesar de la austeridad "no pondrán en peligro" ninguna partida esencial para el buen funcionamiento de la Justicia.
Una de las novedades anunciadas es que no se convocarán oposiciones en la carrera judicial y fiscal hasta enero de 2013, cuando saldrán 35 plazas de jueces y 20 de fiscales, y los que salgan de la Escuela Judicial y el Centro de Estudios Jurídicos cubrirán plazas de interinos.
Ruiz-Gallardón ha reiterado que el escenario de crisis económica ha marcado las políticas de todos los ministerios y que Justicia asume la solidaridad con los objetivos fijados por el Gobierno con un presupuesto dotado de 1.574 millones de euros, que representa una reducción del 6,34 por ciento respecto a 2011.
No obstante, el ministro ha insistido en que la crisis no será una excusa para no emprender los planes de modernización de la Administración de Justicia y ha garantizado que el ajuste no paralizará ninguno de los proyectos que ya están en marcha y que las reformas estructurales anunciadas se llevarán a cabo esta legislatura.
Así, ha destacado que se refuerza la justicia gratuita, cuya dotación se incrementa 2,3 millones de euros (un 7,22 por ciento) hasta alcanzar los 34,2 millones.
El ministro ha anunciado también que se revisará el acceso a este sistema, pero que en ningún caso "se bajará el umbral de renta que determina el beneficio de la asistencia gratuita", y que solo se establecerán nuevos mecanismos para comprobar la existencia real de este derecho y para perseguir el fraude.
A partir de 2013 este servicio se financiará con lo recaudado a través de las nuevas tasas judiciales aprobadas por el Consejo de Ministros, cuya cuantía puede ascender a 300 millones de euros si se mantiene el nivel de litigiosidad de años anteriores.
En este sentido, el ministro tiene previsto abrir un proceso de diálogo con las Comunidades Autónomas con competencias de Justicia para acordar la participación conjunta en la recaudación y lograr una gestión coordinada de la asistencia jurídica gratuita.
Aunque el mayor ajuste de los presupuestos se aplica al capítulo de inversiones, se mantienen los gastos ya contraídos y se destinan 60,3 millones de euros a programas de modernización e informatización, aunque también se revisará el modelo de oficina judicial.
Se garantizan, en concreto, los compromisos ya adquiridos en gastos de inversión e infraestructuras con un presupuesto total de 94 millones de euros, 34 para nuevas sedes judiciales o reformas de algunas ya existentes.
El recorte tampoco afecta al gasto en los servicios de violencia de género, con 45 millones de euros para los juzgados de violencia sobre la mujer, las fiscalías especializadas y unidades forenses.
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