Os traigo está noticia que ha publicado La Opinión de Tenerife escrita por Almudena Cruz:
LA LAGUNA Una sentencia del pasado 15 de marzo del Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de La Laguna a justificar la creación de 16 puestos de trabajo. En la relación de puestos creados "sin motivación" figuran, entre otros, uno de habilitado de caja fija, los de secretario general, interventor, oficial mayor y varias jefaturas de servicios como el de tributos, servicio de bienestar social, servicio de cultura o servicios medioambientales.
Todos estos puestos, además, tienen en común que se crearon por el sistema de libre designación, uno de los procedimientos legalmente establecidos en la función pública para atribuir los puestos de trabajo sin que sea necesario acudir a unas oposiciones o concurso de méritos.
Intersindical Canaria presentó un recurso contencioso administrativo en 2007 contra la decisión de crear estos puestos, un acuerdo que se adoptó en el pleno municipal el 17 de octubre de 2006. Fue en esa reunión donde se decidió la variación la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento lagunero que incluía, entre otras novedades, la creación de estos nuevos cargos.
Entre los motivos de la demanda expuestos por los representantes sindicales se encontraban, de hecho, otras posibles irregularidades relacionadas con el tipo de concurso elegido para algunas de las plazas de los funcionarios y la existencia de un puesto, el de Jefe de Sección de Régimen y Registro Personal, "indebidamente reservado para funcionarios del Grupo B cuando sus funciones exigían que esa reserva se hiciera al grupo A", alegan.
Pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias estimó sólo parte de la demanda de Intersindical, ahora el Tribunal Supremo de la razón a la central sindical y obliga al Ayuntamiento de Aguere a justificar el motivo por el cual creó esa lista de 16 nuevos puestos. "Tratándose de una nueva RPT que incorpora la totalidad de los puestos controvertidos, se abre la posibilidad de la directa impugnación de todos ellos y la necesidad de que, si se hace, se justifiquen las razones que hayan determinado disponer el sistema de libre designación para cada uno de ellos", detalla el texto de la sentencia.
Por otro lado, el Tribunal Supremo también ha dado la razón a una trabajadora del consistorio lagunero que denunció la creación de un puesto análogo al suyo, con competencias similares, para una persona que no pasó por concurso de méritos. Este extremo se realizó en virtud de la modificación realizada sobre la Relación de Puestos de Trabajo en el mismo pleno municipal del 17 de octubre de 2006.
En este caso, la denuncia procede de una de las empleadas del Ayuntamiento lagunero que accedió al puesto de Jefe de la Sección de Contratación de Obras, dependiente del Área de Presidencia y Planificación, a través de un concurso de méritos. "Poco después de su toma de posesión, se puso en marcha la modificación del RPT y, como consecuencia, su puesto fue modificado", explica la demandante. En este caso, pese a que en primera instancia el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no le da la razón a la empleada, el Supremo anula la decisión de éste porque aprecia "una modificación sustancial de las condiciones de trabajo" y, además, que el Ayuntamiento ha hecho un "uso incorrecto de su potestad organizativa". Tampoco parece fuera de lugar, explica el Tribunal Supremo en el texto, "hablar de desviación de poder".
Todos estos puestos, además, tienen en común que se crearon por el sistema de libre designación, uno de los procedimientos legalmente establecidos en la función pública para atribuir los puestos de trabajo sin que sea necesario acudir a unas oposiciones o concurso de méritos.
Intersindical Canaria presentó un recurso contencioso administrativo en 2007 contra la decisión de crear estos puestos, un acuerdo que se adoptó en el pleno municipal el 17 de octubre de 2006. Fue en esa reunión donde se decidió la variación la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento lagunero que incluía, entre otras novedades, la creación de estos nuevos cargos.
Entre los motivos de la demanda expuestos por los representantes sindicales se encontraban, de hecho, otras posibles irregularidades relacionadas con el tipo de concurso elegido para algunas de las plazas de los funcionarios y la existencia de un puesto, el de Jefe de Sección de Régimen y Registro Personal, "indebidamente reservado para funcionarios del Grupo B cuando sus funciones exigían que esa reserva se hiciera al grupo A", alegan.
Pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias estimó sólo parte de la demanda de Intersindical, ahora el Tribunal Supremo de la razón a la central sindical y obliga al Ayuntamiento de Aguere a justificar el motivo por el cual creó esa lista de 16 nuevos puestos. "Tratándose de una nueva RPT que incorpora la totalidad de los puestos controvertidos, se abre la posibilidad de la directa impugnación de todos ellos y la necesidad de que, si se hace, se justifiquen las razones que hayan determinado disponer el sistema de libre designación para cada uno de ellos", detalla el texto de la sentencia.
Por otro lado, el Tribunal Supremo también ha dado la razón a una trabajadora del consistorio lagunero que denunció la creación de un puesto análogo al suyo, con competencias similares, para una persona que no pasó por concurso de méritos. Este extremo se realizó en virtud de la modificación realizada sobre la Relación de Puestos de Trabajo en el mismo pleno municipal del 17 de octubre de 2006.
En este caso, la denuncia procede de una de las empleadas del Ayuntamiento lagunero que accedió al puesto de Jefe de la Sección de Contratación de Obras, dependiente del Área de Presidencia y Planificación, a través de un concurso de méritos. "Poco después de su toma de posesión, se puso en marcha la modificación del RPT y, como consecuencia, su puesto fue modificado", explica la demandante. En este caso, pese a que en primera instancia el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no le da la razón a la empleada, el Supremo anula la decisión de éste porque aprecia "una modificación sustancial de las condiciones de trabajo" y, además, que el Ayuntamiento ha hecho un "uso incorrecto de su potestad organizativa". Tampoco parece fuera de lugar, explica el Tribunal Supremo en el texto, "hablar de desviación de poder".
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