Esta es una de las medidas que se recoge en el Proyecto de Decreto aprobado por el Ejecutivo, y que regula el acceso de personas con discapacidad al empleo público
El Gobierno de Canarias ha aprobado el Proyecto de Decreto por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El objetivo de este cuerpo normativo, realizado conjuntamente por las Consejerías de Presidencia, Justicia y Seguridad y de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, es promover las medidas necesarias para que las personas con discapacidad puedan acceder al empleo, a los puestos de trabajo y a la formación, en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes o empleados públicos.
Tal y como afirma la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas, "entre las novedades más significativas de este Proyecto, hay que destacar el aumento en el porcentaje de la reserva mínima para cubrir un empleo público por personas discapacitadas, que pasa del 5% actual al 7%, en relación al número total de plazas anuales ofertadas".
"De éste último porcentaje- prosigue Rojas- se reserva un mínimo del 5% para cubrir por personas con discapacidad física, sensorial o psíquica, y una reserva máxima del 2% para cubrir por personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite, para lo que se convocarán pruebas separadas con bases diferenciadas".
En el caso de listas de reserva y personal interino o laboral temporal, el cupo de reserva pasa del 3 al 5%.
"El Proyecto de Decreto establece, además, que el acceso a estos puestos por parte de personas con discapacidad se somete a los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y compensación de las desventajas"- añade la consejera.
Rojas destaca también que "se prevén expresamente adaptaciones a las pruebas y los puestos de trabajo asignados, por lo que, en el caso de los discapacitados intelectuales, se permite la asistencia de una persona de tutoría o apoyo que facilite su adaptación al puesto de trabajo que le haya correspondido".
Otro de los cambios más significativos en relación al anterior Decreto, es que el nuevo texto apuesta por promover la participación de personas con discapacidad como miembros de Los Tribunales y Órganos de selección de convocatorias con turno para personas con discapacidad y, en el caso de empleo temporal, todos los aspirantes (también los discapacitados), con independencia del turno por el que hayan participado, serán integrados en una única lista de reserva para el nombramiento de funcionarios interinos y personal laboral temporal. En caso de empate, se dará preferencia al aspirante discapacitado.
Se prevén además acciones específicas de formación, tanto para facilitar la integración de la persona discapacitada en el puesto de trabajo adjudicado, como para facilitar su posterior promoción profesional. Para ello, se desarrollarán políticas activas que facilitarán el acceso al empleo público de estas personas, estableciéndose igualmente su preferencia para la admisión en cursos del Plan General de Formación.
Por último, cabe destacar también la creación de la Comisión de Seguimiento para la Integración Laboral de las personas con discapacidad, adscrita a la Viceconsejería de Administración Pública, cuya labor será la de velar por el cumplimiento de los objetivos que se establecen en el texto.
El objetivo de este cuerpo normativo, realizado conjuntamente por las Consejerías de Presidencia, Justicia y Seguridad y de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, es promover las medidas necesarias para que las personas con discapacidad puedan acceder al empleo, a los puestos de trabajo y a la formación, en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes o empleados públicos.
Tal y como afirma la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas, "entre las novedades más significativas de este Proyecto, hay que destacar el aumento en el porcentaje de la reserva mínima para cubrir un empleo público por personas discapacitadas, que pasa del 5% actual al 7%, en relación al número total de plazas anuales ofertadas".
"De éste último porcentaje- prosigue Rojas- se reserva un mínimo del 5% para cubrir por personas con discapacidad física, sensorial o psíquica, y una reserva máxima del 2% para cubrir por personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite, para lo que se convocarán pruebas separadas con bases diferenciadas".
En el caso de listas de reserva y personal interino o laboral temporal, el cupo de reserva pasa del 3 al 5%.
"El Proyecto de Decreto establece, además, que el acceso a estos puestos por parte de personas con discapacidad se somete a los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y compensación de las desventajas"- añade la consejera.
Rojas destaca también que "se prevén expresamente adaptaciones a las pruebas y los puestos de trabajo asignados, por lo que, en el caso de los discapacitados intelectuales, se permite la asistencia de una persona de tutoría o apoyo que facilite su adaptación al puesto de trabajo que le haya correspondido".
Otro de los cambios más significativos en relación al anterior Decreto, es que el nuevo texto apuesta por promover la participación de personas con discapacidad como miembros de Los Tribunales y Órganos de selección de convocatorias con turno para personas con discapacidad y, en el caso de empleo temporal, todos los aspirantes (también los discapacitados), con independencia del turno por el que hayan participado, serán integrados en una única lista de reserva para el nombramiento de funcionarios interinos y personal laboral temporal. En caso de empate, se dará preferencia al aspirante discapacitado.
Se prevén además acciones específicas de formación, tanto para facilitar la integración de la persona discapacitada en el puesto de trabajo adjudicado, como para facilitar su posterior promoción profesional. Para ello, se desarrollarán políticas activas que facilitarán el acceso al empleo público de estas personas, estableciéndose igualmente su preferencia para la admisión en cursos del Plan General de Formación.
Por último, cabe destacar también la creación de la Comisión de Seguimiento para la Integración Laboral de las personas con discapacidad, adscrita a la Viceconsejería de Administración Pública, cuya labor será la de velar por el cumplimiento de los objetivos que se establecen en el texto.
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