Con la crisis económica que sufrimos arrecia la campaña de quienes propugnan acabar con el supuesto sobredimensionamiento de la función pública como fórmula insoslayable para recuperar el crecimiento y ajustar el déficit español, sin tener en cuenta la realidad del millón y medio de empleados públicos que prestan servicios propios de un Estado de bienestar de forma directa en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (159.776); Fuerzas Armadas (127.373); justicia (62.368); instituciones sanitarias (492.721) y docencia no universitaria y universitaria (621.070).
Quiere decirse que 7,2 de cada 10 empleados públicos pertenecientes a la Administración pública estatal y de las comunidades autónomas -incluidas las universidades-, presta servicios en docencia, sanidad, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas y justicia. Sólo el 21,4% del personal de las citadas administraciones pertenece a ministerios, consejerías, organismos autónomos y personal no docente de las universidades, todos ellos igualmente útiles para el sostenimiento del servicio público.
Por otra parte, a nadie se le escapa que la distribución competencial del sistema territorial español hace que sean las Administraciones autonómicas las que soporten el peso más importante en la prestación de los servicios de proximidad, y por ello no es de extrañar que de cada 4 de sus empleados públicos, 3 pertenezcan al ámbito de la docencia no universitaria e instituciones sanitarias, servicios ambos imprescindibles al ciudadano. En algunas comunidades autónomas ese porcentaje aún es mayor -Comunidad Valenciana (85,7%); Canarias (82,86%); Región de Murcia (80,86%); Baleares (80,31%), y Andalucía (80,24%)-. Por debajo del 70%, solamente encontramos a Extremadura (67,96%) y Cataluña (65,91).
En los últimos 5 años (2004-2009) la variación del personal que trabaja en ministerios y sus organismos autónomos ha sido negativa (-4,3%). Si nos fijamos en el incremento de personal de las comunidades autónomas en ese periodo, vemos que se centra sobre todo en los sectores mencionados (instituciones sanitarias, seguridad, docencia y justicia) siendo solo el 1% el incremento del personal que presta servicios en consejerías y sus organismos autónomos.
Otros debates que deberán abordarse con crisis y sin ella serán los relativos a las condiciones laborales, salariales, la formación, la productividad, la movilidad, la excelencia, el acceso fraudulento (sin oposiciones), o el régimen disciplinario de los empleados públicos; pero si España apuesta por salir de la crisis con visión de medio y largo plazo y sin retroceder en derechos sociales, tendrá que mantener la dimensión del empleo público.
El aumento del personal público se centra en sanidad, seguridad, docencia y justicia
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